El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), órgano colegiado de participación y consulta del Institut Català de les Dones que agrupa representantes de más de 430 entidades en favor de la igualdad, ha impulsado un manifiesto de rechazo a la violencia política y de apoyo a las mujeres representantes políticas que la sufren. En concreto, el texto hace referencia al caso de la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, a quien denunció hace una semana haber sufrido "violencias machistas silenciosas" por parte de compañeros de partido. La situación ha comportado una pugna interna en Junts con 22 diputados —de los 32 que tienen— quejándose de un "uso político" de las violencias por parte de Madaula y con la presidenta de la cámara, Anna Erra, abriéndole la puerta a dejar el cargo del órgano rector del Parlament. El manifiesto recoge que la también vicepresidenta juntaire "denunció y visibilizó las violencias silenciosas como la violencia política que sufren las parlamentarias ejercida por sus propios compañeros de partido". El CNDC afirma que la "violencia contra las mujeres en política está reconocida a nivel internacional como una violación del derecho político de las mujeres" y traslada su apoyo a Madaula: "Desde el movimiento de mujeres y feministas queremos mostrar el apoyo a todas las representantes políticas, incluida la diputada, ante esta muestra de violencia política ejercida". También instan a las instituciones correspondientes a "desplegar todas las medidas necesarias para que eso no siga creando precedentes y obstáculos para la participación política de estas".

El redactado impulsado por el pleno del Consell Nacional de les Dones recuerda que esta denuncia de Aurora Madaula deriva de la negociación por la declaración de apoyo a Vanessa Mendoza, encausada por la defensa del derecho al aborto en Andorra. Lo que ha hecho estallar la tensión en Junts es que Madaula comprometió el apoyo en nombre de Junts a la declaración sin haberlo comentado con el grupo ni con la presidenta de la cámara, Anna Erra. Más adelante, el grupo desautorizó este apoyo y fue el pasado viernes cuando la secretaria segunda de la Mesa denunció las "violencias machistas silenciosas": "También es violencia que menosprecien tu trabajo, que no te escuchen o que modifiquen tu propuesta sin tu opinión". La queja desde el atril causó enfado en una buena parte del grupo parlamentario juntaire, que reclamó una reunión de la permanente del partido. El máximo órgano de dirección de la formación se reunió el domingo y se acordó trasladar el caso a la Comisión de Garanties. El martes, se celebró la habitual reunión del grupo en el Parlament, con la presencia —de manera excepcional— de Laura Borràs y Jordi Turull. Y allí se constató la división entre sectores.

 

"Los silencios son cómplices"

El texto apunta a la obligación a "renunciar" al acta de diputada como una de las formas de violencia "más generalizada" que sufren las mujeres en el ejercicio de su derecho político: "Las estructuras de partido y de los grupos parlamentarios son estructuras heteropatriarcales en las que se ejercen las diferentes formas de las violencias machistas de manera extremadamente invisibilizada". "No permitiremos ningún intento de silenciar las voces que defienden los derechos de todas porque es silenciarnos en todas y, cada vez que se quiera imponer el silencio patriarcal, desde cualquier ámbito, lo denunciaremos alto y claro y alzaremos la voz como lo hemos hecho ahora y como lo hemos hecho siempre", remachan. El manifiesto del Consell Nacional también defiende que "los silencios son cómplices y son parte de las violencias" y reclaman que no haya "ni un silencio más ante las violencias machistas".

El CNDC prosigue en el manifiesto con una definición de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, que indica que "la experiencia y la amenaza o el temor a esta violencia disuade a muchas mujeres de perseguir o continuar las trayectorias políticas, campañas electorales y actividades relacionadas, así como otras formas de activismo público". "En general, la violencia contra las mujeres en política infringe los derechos humanos y el derecho político de todas las mujeres". También hacen énfasis en que la ley catalana que regula las violencias machistas la define como "la violencia que se produce en espacios de la vida pública y política, como las instituciones políticas y las administraciones públicas, los partidos políticos, los medios de comunicación o las redes sociales". En paralelo, mencionan que a la declaración que se aprobó en el Parlament de les Dones se incluyen "medidas y contenidos específicos" en el ámbito de la violencia política. El grupo de trabajo sobre las violencias en el ámbito digital y la violencia mediática y política destacaba en un documento que la violencia política "se ha convertido en una realidad cotidiana para las mujeres que tienen un tipo de responsabilidad pública y puede llevar a la autocensura, entre otros graves impactos, lo cual constituye un ataque a la visibilidad de las mujeres y a su participación llena en la vida pública, socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza y, por lo tanto, crea un déficit democrático". "También es un ataque a la ciudadanía que las ha votado, ya que coacciona su capacidad de hacer política y representarla", manifiestan.

El malestar de diputados de Junts con el caso Madaula

Aunque ya trasladaron un fuerte malestar el martes en la reunión del grupo parlamentario, este jueves algunos diputados lo hicieron público a través de varios tuits en X (antes, Twitter). Entre los parlamentarios que hicieron una publicación al respecto, destaca David Saldoni, miembro de la permanente del partido, secretario de Política Municipal y adjunto a Jordi Turull: "La visión de muchos diputados/as no es despreciable en la interpretación de los hechos. Más allá de las sensaciones personales que requieren y tienen todo el apoyo, la verdad es que la discrepancia política, por muy reiterada y manifiesta que sea, no es violencia, es democracia". En una línea similar se pronunciaron otras diputadas como Maite Selva, Anna Feliu, Irene Negre o Francesc Ten; y lo compartieron otros como Ramon Tremosa, Glòria Freixa (ambos forman parte de la ejecutiva), Jeannine Abella, Judith Toronjo, Mercè Esteve o Quim Jubert.

Ahora, todas las miradas están puestas en la Comisión de Garantías, que tendrá que estudiar tres denuncias sobre el caso: una de la misma Aurora Madaula, donde se reitera en aquello que manifestó desde el atril del Parlament; una de la sectorial de Feminismos e Igualdad de Junts, que critica a Madaula por hacer "uso político" de las violencias; y otra que recoge el escrito de 22 diputados de Junts que apuntan en la misma dirección que la sectorial. La secretaria segunda de la Mesa dispone de 10 días para aclarar a quién acusa y de qué, y el órgano de garantías tendrá 30 días para resolver el caso. Eso sí, de los 6 miembros que integran la Comisión, tres se han apartado del caso: lo han hecho Magda Oranich (presidenta), que ha explicado que lo hace por "motivos personales" después de recibir insultos desde que hizo el informe del caso Dalmases; y también Quim Jubert y Maria Antònia Batlle, diputados del Parlament que suscriben el malestar contra Madaula.