El Consell per la República ha anunciado elecciones internas en un proceso que se llevará a cabo entre el 8 y el 12 de febrero. Aprovechando la ofrenda floral tradicional en la tumba del presidente Francesc Macià, la portavoz de la entidad, Teresa Vallverdú, ha anunciado que la convocatoria a la presidencia se hará el 7 de enero. "Aprovechamos para pedir la colaboración, la participación, para intentar hacer un Consejo más fuerte, pero sobre todo un Consejo que pueda servir a nuestro país". Como miembro de la junta gestora, Vallverdú se ha acogido al carácter "consistente" y "contundente" del presidente Macià para mostrar la "convicción llena" que el proceso de "transición" actual culminará con un Consejo "más fuerte y transversal y con fuerza para representar el país".

En un comunicado que la entidad emitió el pasado mes de noviembre, argumentaba que el Consejo tenía que afrontar una nueva etapa blindando "su máxima independencia y transversalidad", así como garantizar a los registrados que las decisiones se toman con "total libertad en relación con las estrategias partidistas". La decisión se tomó después de que el pasado 27 de octubre el Congreso de Junts escogiera Puigdemont como nuevo presidente del partido. Concretamente, el pasado 4 de noviembre, en una reunión, fue cuando se tomó la decisión de convocar elecciones anticipadas a la presidencia del Consejo, hecho que provoca el cese de todos los miembros del ejecutivo en el exilio. Precisamente, a la reunión dimitieron varios dirigentes de la entidad del exilio, entre los cuales había David Caldeira, representante de Poble Lliure.

La decisión de convocar elecciones anticipadas también coincide con la entrada de varios miembros del Gobierno del Consell de la República en la ejecutiva de Junts. Un ejemplo es como su portavoz, Antoni Castellà, ha asumido una de las vicepresidencias juntaires, mientras que la abogada penalista Teresa Vallverdú también ha asumido la vocalía de Seguridad y Civismo de la ejecutiva liderada por Carles Puigdemont. De hecho, el presidente en el exilio ya dejó la presidencia de Junts el año 2022 para centrarse en su tarea como presidente del Consejo, ya que considera que son dos tareas "incompatibles".

Polémica por el caso Comín

Al fin y al cabo también llega en un momento de máxima tensión en el seno del Consell de la República, ya que la auditoría externa de la entidad en el exilio responsabiliza al vicepresidente de la entidad, Toni Comín, de gastos no justificados. Se trata de 15.530 euros que Comín dedicó al alquiler de un vehículo y un apartamento durante 15 días, el pago de impuestos y de una multa y la retirada de 6.000 euros en efectivo. La auditoría advierte que estos gastos "no parecen justificados dentro del marco de la defensa del exilio" y reclama cambios en el funcionamiento del Consejo para evitar este tipo de disfunciones. De hecho, a raíz de este hecho, el Consejo anunció que la responsabilidad de las finanzas de la entidad dejarían de estar en manos del eurodiputado electo de Junts.

Comín, por su parte, se defiende y contradice que sean unos pagos no justificados y asegura que los gastos respetan de forma "inequívoca" los criterios establecidos por el gobierno del Consejo y los criterios establecidos con respecto al fondo Defensaexili.org. Según ha señalado, estos criterios se establecieron muchos años antes de que los actuales miembros del consejo de administración de CatGlobal asumieran la función. Con respecto a los importes correspondientes al alquiler del apartamento y de un vehículo, Comín defiende el hecho de que se trata de "gastos de representación" —concretamente, para asistir a reuniones en la Catalunya Nord-. Así, ha argumentado que el trabajo como miembro del gobierno del Consejo no es remunerado y que la entidad se hace cargo de los gastos derivados de esta responsabilidad. Es por eso que apunta que no se trataba de unas vacaciones, sino que estaba solo en la Catalunya Norte haciendo su agenda de reuniones como vicepresidente del Consejo mientras su familia estaba en Barcelona.