El Consell de la República ha convocado elecciones anticipadas después de que su presidente, Carles Puigdemont, haya asumido el liderazgo orgánico de Junts per Catalunya. En un comunicado, la entidad en el exilio argumenta que el Consell tiene que afrontar una nueva etapa blindando "su máxima independencia y transversalidad", así como garantizar a los registrados que las decisiones se toman con "total libertad en relación con las estrategias partidistas". La decisión se tomó después de que el pasado 27 de octubre el Congreso de Junts escogiera a Puigdemont como nuevo presidente del partido. Concretamente, el pasado 4 de noviembre, en una reunión, fue cuando se tomó la decisión de convocar elecciones anticipadas a la presidencia del Consell, hecho que provoca el cese de todos los miembros del ejecutivo en el exilio.

Este proceso transitorio será gestionado por una junta gestora que decidirá la fecha y el proceso de las elecciones hasta que el futuro presidente nombre el nuevo govern del Consell de la República. Esta gestora estará formada por el presidente y la secretaría de la Mesa de la Asamblea Territorial, que fueron escogidos democráticamente por todos los representantes de los Consejos Locales; la presidenta y lo secretaría de la Sindicatura, que es el órgano independiente encargado de velar por la transparencia, la legalidad y las garantías de los procesos democráticos del Consell; y dos miembros del actual Govern que tendrán la función de facilitar el traspaso ordenado y efectivo.

La decisión de convocar elecciones anticipadas también coincide con la entrada de varios miembros del Govern del Consell de la República dentro de la ejecutiva de Junts. Un ejemplo es como su portavoz, Antoni Castellà, ha asumido una de las vicepresidencias juntaires, mientras que la abogada penalista Teresa Vallverdú también ha asumido la vocalía de Seguridad y Civismo de la ejecutiva liderada por Carles Puigdemont. De hecho, el president en el exilio ya decidió no repetir al frente de la presidencia de Junts en el año 2022 para centrarse en su trabajo como presidente del Consell, ya que considera que son dos trabajos incompatibles. 

Elecciones en medio del caso Comín

La decisión también llega en un momento de máxima tensión en el seno del Consell de la República, ya que la auditoría externa de la entidad en el exilio responsabiliza al vicepresidente de la entidad, Toni Comín, de gastos no justificados. Se trata de 15.530 euros que Comín dedicó al alquiler de un vehículo y un apartamento durante 15 días, el pago de impuestos y de una multa y la retirada de 6.000 euros en efectivo. La auditoría advierte que estos gastos "no parecen justificados dentro del marco de la defensa del exilio" y reclama cambios en el funcionamiento del Consell para evitar este tipo de disfunciones. De hecho, a raíz de este hecho, el Consell anunció que la responsabilidad de las finanzas de la entidad dejarían de estar en manos del eurodiputado electo de Junts.

Comín, por su parte, se defiende y contradice que sean unos pagos no justificados y asegura que los gastos respetan de forma "inequívoca" los criterios establecidos por el gobierno del Consell y los criterios establecidos con respecto al fondo Defensaexili.org. Según ha señalado, estos criterios se establecieron muchos años antes de que los actuales miembros del consejo de administración de CatGlobal asumieran la función. Con respecto a los importes correspondientes al alquiler del apartamento y de un vehículo, Comín defiende el hecho de que se trata de "gastos de representación" —concretamente, para asistir a reuniones en la Catalunya Nord-. Así, ha argumentado que el trabajo como miembro del gobierno del Consell no es remunerado y que la entidad se hace cargo de los gastos derivados de esta responsabilidad. Es por eso que apunta que no se trataba de unas vacaciones, sino que estaba solo en la Catalunya Norte haciendo su agenda de reuniones como vicepresidente del Consell mientras su familia estaba en Barcelona.