El Consell per la República ha hecho un llamamiento público a manifestarse el próximo día 2 de julio delante de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, después de que se prohibiera en Bruselas la entrada al presidente al exilio, Carles Puigdemont, y al conseller Toni Comín. La fecha coincide con la jornada de constitución del Parlamento Europeo.

En un comunicado, aseguran que el objetivo es convocar una "demostración masiva de apoyo a la democracia y por la libertad de los presos políticos" y pedir a la Eurocámara que "no permita la exclusión de los tres eurodiputados catalanes".

En el texto, reclaman a las instituciones de la Unión Europea "que actúen para detener las violaciones de derechos humanos en el Estado español" y exigen respeto por los resultados electorales del 26-M. "Están en riesgo los derechos de 2.282.895 ciudadanos europeos que dieron su voto para que los candidatos Puigdemont, Junqueras y Comín fueran sus representantes en el Parlamento", avisan.

También recuerdan el informe de la ONU que pide liberar a los presos y aseguran que "cada día que pase y todavía no estén en casa será un día más que el Estado español actúe como un estado delincuente".

Comunicado completo

El Consell per la República Catalana hace un llamamiento a la movilización ciudadana para que el día 2 de julio, delante de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, haya una demostración masiva de apoyo a la democracia y por la libertad de los presos políticos. Reclamamos a las instituciones comunitarias que actúen para detener las violaciones de derechos humanos en el Estado español, y exigimos respeto por los resultados electorales de este pasado 26 de mayo.

Crida a la movilización.

  • Exigimos que el Estado español cumpla la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y libere a los presos políticos.

  • Reclamamos al Parlamento Europeo que no permita la exclusión de los 3 eurodiputados catalanes.

  • ¡No a la degradación democrática de Europa!

Este miércoles 29 de mayo, se ha hecho pública la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que obliga a poner en libertad a los presos políticos catalanes. Aunque ni el Tribunal Supremo, ni la Fiscalía, ni el Gobierno de Pedro Sánchez se han dado por enterados, y el juicio farsa ha continuado como si nada, cada día que pase y los presos todavía no estén en casa será un día más que el Estado español actúe como un estado delincuente.

El mismo día 29 hemos visto cómo se ha puesto en marcha la operación para influir en las instituciones europeas con el fin de impedir que los eurodiputados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Antoni Comín tomen posesión de su escaño. Este intento es una vulneración flagrante de los principios más elementales de la democracia, y representa una amenaza para el modelo europeo basado en el respeto por las decisiones de los ciudadanos.

Las elecciones europeas en Catalunya otorgaron a las coaliciones Junts per Catalunya-Lliures per Europa ¡Ahora Repúblicas!, comprometidas con el derecho a la autodeterminación de Catalunya y con la república catalana, más del 50% de los votos a candidaturas. Unos resultados excepcionales que no admiten ninguna duda, en unas elecciones libres y sin incidentes, que podrían quedar sin efecto práctico si prospera el intento español en manipular las instituciones europeas. Concretamente, están en riesgo los derechos de 2.282.895 ciudadanos europeos que dieron su voto para que los candidatos Puigdemont, Junqueras y Comín fueran sus representantes en el Parlamento; el presidente Tajani y su Secretario General han actuado hasta ahora como guardianes de los intereses de determinados partidos políticos españoles y han actuado al margen de su responsabilidad institucional, de obligada neutralidad y juego limpio. Se han doblado a los deseos de tres grupos políticos, que no representan el deseo de la mayoría de la población de Catalunya expresado en las urnas, en una actuación impropia de representantes institucionales.

La violación de los derechos de estos casi 2,3 millones de ciudadanos europeos supondría un gravísimo precedente que dejaría tocada la credibilidad del Parlamento Europeo, que se vería incapaz de garantizar el respeto por los derechos fundamentales dentro de la propia institución y, por lo tanto, incapaz de poder representar a todos los ciudadanos europeos, tal como determina el Tratado de Lisboa. Queremos recordar que de acuerdo con las reformas introducidas por este tratado, en su artículo 14.2 queda claro que el Parlamento lo forman los «representantes de los ciudadanos de la Unión» en lugar de los «representantes de los pueblos de los Estados» como hasta entonces.

Ante esta grave amenaza de retroceso democrático en Europa, hacemos un llamamiento a los ciudadanos europeos para que expresen su protesta y exijan respeto por su derecho político el mismo día de la constitución del Parlamento Europeo, el 2 de julio en Estrasburgo. Por eso, el Consell per la República se coordinará con las entidades sociales y políticas que den apoyo a esta movilización, y pide la solidaridad a aquellas entidades civiles y políticas que se sientan concernidas en la defensa de los derechos y la democracia en Europa.

Bruselas, 31 de mayo de 2019

Comunicación Consell per la República