Sabiendo que el auto que hoy ha firmado el juez Llarena, a raíz del informe de los Mossos d'Esquadra por la no detención del president Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, no tendrá sobre ella ninguna repercusión, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha explicado que el Govern lo acata. Pablo Llarena, el juez que desde 2017 pide la detención del president en el exilio por un delito de malversación por el referéndum del 1 de Octubre, ha firmado un auto muy duro donde ve delito en la fuga de Puigdemont y ha pedido a un juzgado de Barcelona que lo investigue para depurar responsabilidades y mantener así la cruzada contra, no solo el president Puigdemont, sino también contra su entorno más cercano, que colaboró en el juego de manos que evitó la detención antes de entrar en el Parlament de Catalunya y ante 300 policías.
La consellera de Interior y Seguridad Pública, que en el momento de los hechos todavía no ocupaba el cargo, ha comparecido acompañada del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, en una rueda de prensa que ha servido para aceptar que el país vive un problema grave con las armas blancas, y ha anunciado un plan de choque de "tolerancia cero". Ha aprovechado que tenía la atención de los medios para reafirmar el compromiso de su gobierno con la justicia y, en palabras textuales, "acatar" el duro auto del juez Llarena. El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, por su parte, también ha querido mostrar la completa disposición de la policía catalana a cumplir "cualquier orden judicial", "sin excepción".
El juez Llarena es crítico con la actuación de los Mossos y considera que los informes “no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detención del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a la aglomeración de personas que le esperaban” ni la “imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional”. Llarena tira de las orejas a los Mossos y asegura que el informe que le presentaron no explica cómo fue posible que no se detuviera su objetivo de caza mayor.
Compromiso con los Mossos
Aun así, la consellera ha reiterado que, más allá de acatar a Llarena, mantiene el compromiso con el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Habrá que ver qué repercusiones acaba teniendo este auto si el caso avanza y se investiga como un delito la fuga de Puigdemont, para los mandos del cuerpo que participaron en el dispositivo para detenerle y también para sus colaboradores, agentes de los Mossos o miembros de Junts. Pocos días después de tomar posesión, e incluso antes de nombrar formalmente a Trapero como jefe político de los Mossos, la consellera hizo cesar a los dos máximos responsables del cuerpo de los Mossos d'Esquadra el 8 de agosto, el comisario en jefe Eduard Sallent -quien firma el informe que enmienda Llarena- y la número dos del cuerpo, la comisaria Rosa Bosch.