La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha defendido los ceses a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque hacía falta un "liderazgo" con "más experiencia en la gestión de equipos y planificación estratégica". En una comida organizada por la Fundació Pere Tarrés, Martínez Bravo ha insistido en que los cambios se han producido porque hacían falta personas al frente con "otro talante" en la "gestión de equipos y del cambio" y ha agradecido el trabajo hecho de los dos dirigentes destituidos: la ya exdirectora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), Isabel Carrasco, y su subdirector, Joan Mayoral. Fuentes oficiales del Govern apuntan que era una decisión tomada desde hacía meses que ahora ha sido confirmada, aunque otras fuentes apuntan que el equipo no funcionaba y que había diferencias de criterio.
Isabel Carrasco había tomado posesión de este cargo con la entrada del Govern de Salvador Illa. Había estado vinculada a la DGAIA desde 1998, cuando empezó a trabajar en la delegación de Tarragona. Su sustituto es Josep Muñoz Luque, diplomado en Trabajo Social, Sociología y Ciencias Políticas, con la experiencia de 16 años, desde el 2008, al frente de la gerencia de los Servicios de Bienestar de la Diputación de Barcelona. Precisamente, la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, defendió hace una semana este cambio por un perfil "más gerencial" para afrontar los retos que supone el incremento de menores no acompañados: "Es una dirección general que tiene que atender a cuestiones muy complejas y sensibles y que ha motivado este cambio de perfil". Y es que la DGAIA gestiona hasta 19.000 menores.
Drets Socials, en el ojo del huracán
Precisamente, Junts per Catalunya pidió su comparecencia a la comisión de Drets Socials en el Parlament para que Bravo dé explicaciones. Lo anunció la semana pasada la portavoz parlamentaria, Mònica Sales, que aseguraba que "el Departament todavía no ha dado explicaciones sobre esta destitución". De hecho, definía esta situación como un "desbarajuste de altos cargos que se marchan o son destituidos del Govern". De hecho, uno de los otros elementos que critican los juntaires es la agenda de la consellera Bravo, ya que pasa la mitad de la semana viviendo en Madrid con una única agenda de lunes a jueves. Incluso, fue un elemento que criticó el mismo president Puigdemont el pasado sábado al consejo nacional de Junts de Mollerussa. "Se va a Madrid cuando colapsan los trenes y tiene consellers que viven allí", decía Puigdemont, haciendo referencia a Salvador Illa y Mònica Martínez Bravo.
La Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia también ha estado en el ojo del huracán por las conclusiones de un informe de la Sindicatura de Comptes, que resolvió que se prorrogaron varios contratos sin haber firmado ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios. También que se utilizó reiteradamente el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios en el 2017 y en el 2018 sin que se cumplieran los motivos recogidos legalmente, junto con el hecho de que se incluyeron modificaciones del régimen económico que comportaron una alteración significativa de los contratos originales.