Un juicio clave para las relaciones PSOE y ERC. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anunciado este viernes que ha concluido el sumario y ha ordenado la apertura del juicio oral contra la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, y los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, por su actuación en los preparativos del 1-O cuando eran excargos del Departament de Economía. Jové y Salvadó están procesados por desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos, que pueden implicar elevadas penas de prisión. Garriga está procesada por desobediencia grave a autoridad judicial, que solamente implica la pena de inhabilitación a cargo público.
El tribunal para juzgar los cargos de ERC es formado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, Carlos Ramos y Fernando Lacaba. Ahora las acusaciones tendrán que presentar sus escritos con el detalle de las penas que los piden. Son la Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX. La Fiscalía Superior de Cataluña ya tiene terminado el escrito de acusación y se ha dado conocimiento de su contenido a la Fiscalía General del Estado (FGE), como es habitual en casos importantes, según fuentes judiciales.
En la resolución de apertura del juicio, el tribunal expone que Salvadó niega los hechos; Jové pedía la revocación del sumario al denunciar que había sido espiado con el software Pegasus, y la consejera Garriga se opuso a la apertura del juicio. Los tres reclamos de las defensas han sido desestimados.
La reforma de la malversación, clave
Precisamente, la reforma del delito de la malversación es reclamada ahora por ERC al Gobierno para que cargos intermedios procesados e investigados por la organización del 1-O, como es el caso de Jové y Salvadó, no sean castigados con penas más altas que la de los líderes políticos. El gobierno del PP reformó el delito de malversación de fondos públicos el 2015, en el cual metió la administración desleal -que ya estaba castigada, en otro apartado-, pero igualó las penas de una gestión irregular por parte de funcionarios con las mismas penas que el que se enriquece o da dinero público a terceros. El objetivo es que se rebaje las penas en la administración desleal (puesto que se podría comparar con el gasto hecho por el 1-O), que ahora puede llegar a los ocho años de prisión y a los 20 de inhabilitación a cargo público.
De la treintena de cargos y empresarios pendientes de ser juzgados, e investigados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, hay unos dieciocho que también son acusados de malversación de fondo, y que se verían afectados por las elevadas penas. La reforma de la malversación, si al final se consigue, la podrían aplicar de forma retroactiva, es decir, una vez juzgados y condenados.
Reacciones de los procesados
Una vez recibida la noticia, la consejera de Cultura ha afirmado que “por mucho que el Estado continúe con esta persecución”, nunca dejarán de trabajar por “un país completo y libre”. A través de las redes, Garriga ha reaccionado a la decisión del “estaré con Jové y Salvadó en el juicio oral que nos han abierto en torno al 1-O”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, ha criticado que el TSJC haya abierto juicio y ha subrayado que "es la injusticia atacando la democracia". Además, se ha comprometido a trabajar "por un país libre y socialmente justo": "Es una causa noble y un derecho, y seguiremos luchando para hacerlo realidad", ha escrito desde su cuenta de Twitter.
Mensaje de apoyo de Carles Puigdemont
La noticia ha despertado también reacciones de apoyo desde el independentismo, entre ellas las del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. En un tuit en Twitter, Puigdemont ha advertido que la represión "no se detiene". El presidente en el exilio ha remarcado que condenar por razones políticas es "incompatible con el estado de derecho". "Es un abuso del derecho que ningún tribunal europeo ampara", ha remarcado.