Un cuarto de hora. Es lo que ha durado hoy la declaración de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, como investigada por organizar el 1-O, ante la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La consellera ha afirmado que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) para que no realizara ninguna acción sobre Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, según fuentes judiciales. Garriga era jefa de servicios de la secretaría general de Vicepresidencia y Economía, que dirigía el actual diputado de ERC Josep Maria Jové. Garriga solamente ha contestado las preguntas de su abogada, la penalista Laura Parés,  que ahora pedirá al TC que aporte al TSJC si requirió o no a Garriga. Una segunda imputación a Garriga son las obras en una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), y ella ha asegurado que estas reformas no solamente se usaron para el 1-O sino también para las elecciones del 2017 y ahora hay el 061 y se ha usado para la pandemia. Ciertamente, la magistrada Maria Eugènia Alegret, descartó imputar estas obras, cifradas en cerca de dos millones de euros, a Jové y Salvadó al ver un uso posterior.

 

Inicialmente, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona procesó a Garriga por los delitos de malversación de fondos públicos y de desobediencia por la organización del 1-O. Garriga fue una de la veintena de personas del Govern y de empresarios detenidos en septiembre del 2017 para parar el 1-O. Al ser escogida consellera, con el gobierno de Aragonès, Garriga es aforada y su causa se elevó al TSJC. Y aunque ya fue citada a declarar en el juzgado, la instructora del TSJC, la magistrada Maria Eugènia Alegret, la ha citado hoy a declarar, como investigada, por los mismos hechos. La consellera pidió ser investigada en la causa abierta contra Jové y el también diputado de ERC Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda, en la causa que tienen en el TSJC, petición aceptada por el tribunal.

Delitos

El diciembre pasado, el fiscal presentó un escrito en el TSJC en el que validaba que Garriga tenía que ser investigada en el TSJC, pero descarta el delito de malversación, que implica prisión, y quiere que solamente sea investigada y juzgada por desobediencia, con penas de inhabilitación a cargo público. En esta causa, también está personada la abogacía del Estado y Vox, como acusación popular, y, según los hechos que delimite la instructora, podrá acusarla de malversación.

En febrero del 2020, el TSJC procesó a los diputados Jové i Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Además, la instructora, la magistrada Maria Eugènia Alegret, les impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.889.000 € en el caso de Jové y de 1.635.000 a Salvadó.

Tres hechos

El fiscal Pedro Ariche imputa a la consellera Garriga tres hechos: haber adjudicado varios contratos menores para ejecutar obras en instalaciones anexas al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI); actuar como enlace entre Jové y Mercedes Martínez para que Pau Furriol les dejara una nave en Bigues y Riells, donde la policía intervino 9,8 millones de papeletas y 5.903 sobres; el 6 de septiembre de 2017 mantuvo conversaciones con Josué Sallent para que sacara la contraseña de la página referemdum.cat para que pudiera acceder quien quisiera, y finalmente que estuvo presente en un acto de unidad y compromiso con el Referéndum, con los altos cargos del gobierno, el 21 de abril de 2017.

La instrucción del 1-O está casi concluida y solamente queda si las partes piden más pruebas y que las acusaciones presenten sus escritos y las penas que solicitan contra los tres cargos de ERC. La consellera Garriga ha recibido el apoyo del independentismo en las puertas del Palacio de Justicia, hoy.