La consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, ha anunciado este jueves en la comisión parlamentaria de Justicia que trabaja "de forma discreta" con el Gobierno para que la Jefatura de la Policía en la Via Laietana de Barcelona pase "de ser de un lugar de torturas durante el franquismo a un espacio de memoria y reparación". Recientemente, entidades catalanas -con Òmnium y la Comisión de la Dignidad al frente- han impulsado una campaña internacional para que la policía española se marche de este edificio y se recupere para la memoria democrática, como se aprobó en el Congreso de los Diputados en el 2017, pero el gobierno del PSOE lo ha frenado hasta ahora. En el ámbito de Memoria Democrática, la consellera también ha adelantado que el anteproyecto de nueva ley catalana de Memoria se presentará en el Parlament el febrero de 2023 y que pronto se anunciará un nuevo plan de fosas "con un incremento notable de aperturas". Esta iniciativa ha sido reconocida por la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, porque "si no se avanza ya no quedarán familiares para hacer el duelo", y ha pedido a la consellera que Justicia "haga informes sobre sus responsables porque son asesinatos, aunque después los juzgados hagan lo de siempre: cero".
Cumplido un mes y medio como nueva consellera de Justicia, Ubasart ha expuesto las prioridades del departament, que el diputado Jordi Jordà, d'En Comú Podem, su antiguo partido, lo ha calificado de "continuista" y "sorprendente por el diferente perfil que tiene con la anterior consellera", refiriéndose a Lourdes Ciuró (Junts). Antes, Ubasart ha agradecido abiertamente la tarea de Ciuró y su "traspaso amable" de los proyectos en curso, además de asegurar: "Construiremos sobre lo ya construido, pero con mirada propia y prioridades". Varios diputados de la oposición han advertido a la consellera que "sin presupuestos no podrá hacer todo lo que ha anunciado". En este sentido, el diputado de Junts Quim Jubert le ha preguntado la razón por que "el departament de Justicia tiene 20 millones menos que en los presupuestos del conseller Giró". Y Ubasart ha respondido a todos: "Como consellera independiente os animo a todos que os pongáis a trabajar porque necesitamos este presupuesto" y ha invitado al diputado del PSC, Rubén Viñuales, que "también empuje al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial para tener más recursos", ya que Justicia tiene competencias compartidas con ellos.
Plan de apoyo a los jueces de fuera
En este sentido, una de las novedades anunciadas por la consellera Ubasart es impulsar "un plan de acogida" para los jueces y juezas que vienen de otras comunidades del Estado y se quieran quedar a Catalunya para reducir el histórico déficit de jueces que arrastra el país. No ha detallado el plan, aunque ha destacado que es prioritario que los profesionales que trabajan en Catalunya tienen que conocer el derecho civil propio y el uso del catalán. También ha afirmado que se mantendrán las becas para futuros jueces catalanes. Además, la consellera ha revelado que mantienen negociaciones con el Ministerio de Justicia que no se elimine a los 898 jueces de Pau que hay en Catalunya, como prevé la ley de eficiencia procesal, que prevé el Gobierno porque otros territorios tienen un papel simbólico.
Con respecto a los cambios normativos, como la modificación del libro sexto del Código Civil Catalán sobre arrendamientos, Ubasart ha indicado que ahora está en revisión a la Comisión de Codificación. Por el contrario, ha detallado que la propuesta legislativa de la anterior consejera de Junts para actuar contra las ocupaciones para delinquir: "No nos convence la modificación propuesta." Ha detallado que la reforma "puede no ser aplicable", puesto que afecta la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es competencia del Gobierno, y también que la modificación "puede crear inseguridad jurídica al equiparar acciones delincuenciales con situaciones de vulnerabilidad".
La digitalización del sistema penal
Con respecto a inversiones, la consellera Ubasart ha informado que "el primer gran reto" es la digitalización del sistema judicial, y que hay "40 millones de euros de los fondos Next Generation, que se tienen que gastar antes de diciembre de 2025,", y que este año ya se ha licitado y se empezará a implantar poco a poco el sistema d'e-justícia en el ámbito penal, con el objetivo que a finales de 2024 ya esté implementado, que es el último ámbito que falta.
En cuanto a infraestructuras, la consellera ha admitido que "algunos partidos judiciales necesitan actuaciones urgentes, como los juzgados de Martorell", de los cuales ha indicado que hay previsto que las obras del nuevo edificio se inicien el próximo verano, y que la Ciutat de la Justicia de Tarragona, muy esperada, se pondrá en marcha en el 2026.
La salud mental en las prisiones
La consellera Gemma Ubasart ha destacado los problemas de salud mental que se detectan en personas cerradas en las prisiones y harán actuaciones para una mayor atención, así como a evitar los suicidios en los centros, y ha transmitido "su pésame" a sus familias. "Las prisiones tienen que ser amables, pero también seguras", ha declarado la consellera y ha admitido que la situación en los centros penitenciarios "están tensados" y hace falta hacer actuaciones y devolver las actividades que había antes de las limitaciones por la covid-19. Ha declarado que quiere hacer "pedagogía" sobre lo que se hace a los penales, "siguiendo el espíritu del socialista catalán Rafael Campalans". También ha apostado por sacar adelante el acuerdo de jubilaciones anticipadas, que ahora se han paralizado en el Estado español. No obstante, la consellera ha indicado que se está negociando con el Gobierno, aparte de la enmienda presentada por ERC a los presupuestos del Estado.
Los grupos del PP, Cs y Vox han insistido en que se proteja más a los funcionarios, mientras que la diputada de la CUP ha reclamado que "se rompa esta falsa dicotomía", entre centros más garantistas frente a centros más seguros. En este sentido, han preguntado a la consellera qué hará con las contenciones mecánicas, que una circular de 2021 las limitó con un plan piloto con una celda almohadillada a la prisión Brians, y la consellera Ciuró la recondujo ante las quejas de los funcionarios. "Seguiremos trabajando para alcanzar las contenciones cero, como recomiendan organismos internacionales, y trabajaremos con rigor y evidencia empírica", ha concluido a la consellera.