La extrema derecha ya es una realidad bien tangible en España. Después de dos elecciones generales, Vox ya es la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, con 52 diputados que les dan mucho margen. Y no ha tardado en poner sobre la mesa sus medidas en ámbitos muy concretos, desde ilegalizar a cualquier partido independentista hasta intervenir la educación pública para vetar determinados contenidos. Frente a esta oleada ultra, el nuevo Gobierno de coalición ya ha empezado a actuar contra algunas de estas iniciativas, como a Murcia. Pero desde La Moncloa también trabajan para blindar algunos consensos, como la lucha contra la violencia machista, tan cuestionada por los de Abascal.

Es por eso que el Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, ya está preparando la maquinaria para acabar de blindar el consentimiento sexual, que sólo el sí sea sí. Según ha podido saber ElNacional.cat de fuentes del Gobierno, esta es la máxima prioridad del departamento y ya trabajan en ello. Ya tienen prácticamente todo el grueso del trabajo hecho de la pasada legislatura. Esta primera semana lo han tenido que dedicar a la transformación de la Secretaría de Estado de Igualdad en Ministerio. Una vez superado estos aspectos más técnicos, y complejos, la Ley Montero se pondrá encima de la mesa del Consejo de Ministros muy pronto. El diagnóstico es claro: se ha perdido mucho tiempo desde la sentencia de La Manada.

"Lo más grande ya está hecho", explican las fuentes de La Moncloa, que recuerdan que desde de Unidas Podemos ya registraron una proposición de ley ahora hace un año y medio, que tan sólo tendrán que actualizar en pequeños detalles. La iniciativa se liderará desde el Ministerio que encabeza la dirigente de Podemos, aunque será un proyecto de ley interministerial, que también involucrará al Ministerio de Justicia, ya que la iniciativa legislativa implica una reforma del Código Penal para aclarar los tipos penales que han llevado a sentencias de gran impacto social.

Una vez presentado el proyecto de ley, tendrá que seguir su enrevesado trámite parlamentario, pasando por la comisión de Igualdad (todavía no constituida) y el pleno del Congreso y el Senado. Desde el Ministerio no esperan muchos obstáculos. Tan sólo cuentan con la oposición de Vox, que tratará de frenarlo con enmiendas, pero ni siquiera ven el PP en la línea de bloquear la iniciativa. En todo caso, confían en que sean pocos meses. El Gobierno podría pedir la tramitación por la vía de urgencia, una facultad que tiene el ejecutivo y que reduciría los plazos establecidos a la mitad.

Esperando hace año y medio

Ante una impactante expectación social y mediática, el 26 de abril del 2018 la Audiencia Provincial de Navarra dio a conocer la sentencia de La Manada, que condenaba por abuso sexual, pero no por agresión sexual. Los jueces entendieron que no había violación porque consideraban que no había habido intimidación. Después de hacerse pública la decisión judicial, el movimiento feminista convocó en las plazas de toda España. Eso no impidió nuevas sentencias en los mismos términos, como la de La Manada de Manresa, cuyos integrantes también esquivaron ser condenados por violación.

Tres meses después del caso de Pamplona, el grupo de Unidos Podemos registró en el Congreso de los Diputados la Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, una iniciativa que ahora recuperarán como proyecto de ley desde el Gobierno. La norma implicaba una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, acababa con la distinción entre abuso y agresión sexual: todo ataque sexual es violación. En febrero del 2019 la cámara baja había aprobado la tramitación. Acabó decayendo con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral del 28-A. Ahora toca empezar de nuevo.