Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha denunciado al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y al director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, después de que hayan trascendido conversaciones que mantuvieron hace dos años en que presuntamente conspiraban para atribuir casos de corrupción tanto a los republicanos como a CDC. ERC ha presentado la denuncia ante la Fiscalía de Barcelona, según publica el diari Ara. Se pide que se investigue si los dos denunciados podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias.
En la denuncia, presentada este mismo jueves por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se admite que se desconoce si las conversaciones filtradas por el periódico digital Público han sido registradas por uno de los interlocutores, con autorización de ellos o fue grabada de forma subrepticia, pero señala que, así y todo, los dos "han reconocido públicamente en varias intervenciones la veracidad del contenido del audio".
En otro pasaje de la denuncia, la formación republicana asegura que las conversaciones demuestran "la intención de los interlocutores de promover investigaciones prospectivas sobre determinadas personas por el simple hecho de su adscripción política pública o su relación familiar con políticos y, por lo tanto, sin vinculación con la existencia de indicios de ilegalidad previos".
Además, en la conversación "se hace mención a la inexistencia de elementos incriminadores contra determinadas personas que la Oficina estaría investigando, pero se insiste por los interlocutores en la necesidad en someter a personas determinadas (familiares de líderes políticos como por ejemplo el hermano del señor Oriol Junqueras, presidente de ERC) a una investigación exhaustiva en la investigación de cualquier elemento que permitiera poner en cuestión su honorabilidad y, así, afectar a la agenda política".
En otro punto de la denuncia se puede leer que las conversaciones "describirían un acuerdo entre los interlocutores para dejar de investigar hechos y centrarse a investigar personas" y que también describirían "la utilización de recursos privados a iniciativa del Jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya para la investigación extraoficial de sospechas contra determinadas personas, ya que no concurrirían los supuestos legales para iniciar una investigación oficial pública".
Todo hace pensar a ERC que ambos denunciados podrían haber incurrido en "diferentes modalidades de delitos contra la Administración Pública y concretamente en la realización de actos arbitrarios de funcionarios públicos, divulgación de informaciones secretas efectuadas por funcionario y el ejercicio de influencias entre funcionarios públicos".