Luz verde del Tribunal Constitucional a estudiar a fondo la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía. La sala presidida por Manuel Marchena decidió recurrir al Tribunal de Garantías el artículo 1 de la norma del olvido penal con la “absoluta convicción” de que vulnera el derecho a la igualdad delante la ley y los principios de seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad, así como el principio de exclusividad jurisdiccional. El Alto Tribunal dio este paso mientras examinaba el recurso de casación de un condenado por un delito de desórdenes públicos agravados en una protesta contra la sentencia del juicio del procés en Girona. El pleno también acepta la abstención que pidió el exministro de Justicia Juan Carlos Campo para apartarse de los debates sobre la amnistía. Además, ha acordado comunicar la decisión en el Supremo a fin de que, de conformidad con la Ley del Tribunal Constitucional, “el proceso permanezca suspendido hasta que se resuelva definitivamente la cuestión”. El ponente es el conservador Ricardo Enríquez.

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“Es solo su opinión (política) la que los hace acreedores de la amnistía”

¿Y qué decía la Sala de lo Penal del Supremo? “Resultan completamente arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone”, justificaban los cinco magistrados del Supremo. Su argumento primordial era que, a fin de que estuviera “justificado” en términos constitucionales el “diferente tratamiento” que hace la amnistía entre “los que delinquieron con el propósito de favorecer el procés secesionista enfrente de los que cometieron estos mismos delitos animados por cualquier otra finalidad”, haría falta que no tuviera su “exclusivo fundamento en la opinión o en la ideología política”. Como ejemplos, apuntaba que no podían tener un trato diferente los independentistas con respecto a los mismos delitos cometidos “en favor de la libre determinación de la República saharaui, contra los desahucios o a favor o en contra de la inmigración ilegal”. “Es solo su opinión (política) la que los hace acreedores de la amnistía”, concluían.

En la resolución, los cinco jueces calificaban el referéndum del 1-O de “golpe de Estado secesionista” e iban un paso más allá: “Declarada constitucional la ley de amnistía, las conductas que hoy se describen como delito solo darán lugar en el futuro con probabilidad cierta al cumplimiento de las sanciones legalmente previstas en el caso de que sus autores no dispongan a favor suyo de la fuerza política necesaria para contribuir con otros a la futura aprobación de una ley de amnistía”. “Entonces, la aplicación de la ley penal solo será segura para los tontos y para los pobres”, remachaban.

Juan Carlos Campo se aparta del debate: en el 2021 consideró que una amnistía sería “claramente inconstitucional”

Asimismo, el tribunal de garantías ha aceptado la petición de Juan Carlos Campo de apartarse de todos los debates referentes a la amnistía. ¿Por qué? Era ministro de Justicia cuando en 2021 el Gobierno indultó a los presos políticos y en los informes sobre los indultos expresaba que, “a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito”. Calvo ya se abstuvo sobre la amnistía el pasado mes de noviembre, mucho antes de que la ley fuera aprobada, en un recurso de amparo presentado por un particular sobre la admisión parlamentaria de la proposición de ley.

De hecho, Juan Carlos Campo es uno de los tres magistrados que han recusado tanto el PP como algunos gobiernos autonómicos en sus recursos de inconstitucionalidad. Aparte del exministro de Justicia, también señalan a Cándido Conde-Pumpido (que fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa) y Laura Díez (exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica). ¿Y quién ha solicitado que se aparte? Lo han pedido el PP, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, el gobierno de Cantabria y gobierno de las Islas Baleares. El objetivo es conseguir una mayoría conservadora en el TC, aunque tiene pocas posibilidades de prosperar.