El Tribunal Constitucional ha decidido este miércoles rebajar las condenas por malversación de cuatro excargos de la Junta de Andalucía por el caso del fraude de los ERE. Concretamente, ha anulado la condena al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia para rebajar considerablemente su pena de siete años y 11 meses por prevaricación y malversación. Y, por otra parte, ha exonerado este miércoles del delito de malversación a los exconsejeros de Hacienda Carmen Martínez Aguayo e Innovación Francisco Vallejo, y ha ordenado al mismo tribunal que rebaje la pena al exviceconsejero Jesús María Rodríguez.
El tribunal de garantías ha estimado parcialmente los tres recursos de amparo de los condenados con los siete votos a favor de la mayoría progresista enfrente de los cuatro votos en contra de la minoría conservadora (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel) , tal como ha pasado hasta ahora con todos los recursos por los ERE, con la excepción de que la magistrada María Luisa Segoviano ha anunciado un voto particular concurrente en los casos de Vallejo y Rodríguez.
Por lo que hace al caso de Antonio Fernández, el tribunal declara que se ha vulnerado en parte su derecho a la legalidad penal, pero rechaza que se hayan visto vulnerados sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. Con respecto a los otros tres casos, las sentencias anulan sus condenas para que la Audiencia de Sevilla dicte una de nueva con los hechos que delimita el Constitucional; en los casos de Aguayo y Vallejo, solo con respecto a algunas partidas que afectan a la prevaricación, mientras que con Rodríguez respecto a la prevaricación y malversación. Ahora solo quedan pendientes de resolver otros cinco recursos, entre ellos los dos más mediáticos que el tribunal dejó para el pleno del próximo día 16: los de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Este martes, Alberto Núñez Feijóo denunció que el PP tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad" del Tribunal Constitucional, que está "trufado" de dos excargos del Gobierno, cosa que considera que es absolutamente inmoral. Se refería a Juan Carlos Campo, ministro de Justicia entre el 2020 y el 2021, y a Laura Díez, directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia del 2020 en el 2022. Feijóo reclamó a Pedro Sánchez que pida su dimisión como "primera decisión de regeneración democrática"
Además, el líder del PP justificó que él intenta "respetar las instituciones", pero confesó que tampoco le "tranquilizan" los "antecedentes" del presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. "No se lo oculto, es lo que es, es lo que hay, pero nuestra obligación es recurrir la ley, por descontado", remachó en una entrevista en Onda Cero. Sus palabras fueron condenadas por el Gobierno, pero este miércoles la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, se ha pronunciado en esta misma línea.