El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este lunes los recursos del PP y de Vox, que reclamaban la paralización de la reforma legal que impide que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga nombramientos discrecionales teniendo el mandato caducado, tal y como sucede ahora. Esta limitación de funciones es la que ha comportado que el Tribunal Supremo (TS) esté casi en una situación de colapso, según ha explicado el mismo TC.

El Constitucional se ha reunido este lunes en un pleno monográfico para debatir dos borradores que había encima de la mesa: el texto a favor de avalar la norma redactado por la magistrada considerada del ala progresista María Luisa Balaguer sobre el recurso de Vox; y otro escrito por el conservador César Tolosa alrededor del recurso de Vox y que apostaba para tumbar la reforma legal. Finalmente, los siete progresistas se han impuesto a los cuatro conservadores y se han decantado por la ponencia de Balaguer, que ahora será la encargada de estudiar el recurso del PP porque Tolosa ha renunciado a adaptar su borrador a la percepción general del pleno del TC. Al margen de Tolosa, los otros tres magistrados del bloque conservador -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo i Concepción Espejel- han anunciado voto particular contra esta sentencia.

El detalle del aval

Según fuentes jurídicas a las cuales ha tenido acceso Europa Press, el texto de Balaguer propone avalar la reforma del CGPJ al considerar que el artículo 122 de la Constitución española da margen suficiente al legislador para regular el órgano de gobierno de los jueces, que tiene el mandato caducado desde hace cinco años por la obstinación del Partido Popular. El artículo mencionado señala que, alrededor del CGPJ, “la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”.

Por otro lado, la ponencia redactada por Tolosa argumentaba que, a pesar de que el artículo 122 autoriza el legislador a modificar el funcionamiento interno del CGPJ, no le daba tanta libertad como para retirarle una de las funciones que le otorga la Constitución, es decir, la de hacer nombramientos.

La decisión del Tribunal Constitucional supone un portazo para las dos formaciones de la derecha -PP y Vox-, que habían recorrido la reforma impulsada por el gobierno español y a partir de la cual pretendían cortar el paso al CGPJ para que continuara haciendo nombramientos a pesar de tener el mandato caducado. De hecho, era una estrategia del PSOE y Unidas Podemos para forzar al PP a negociar la renovación dado que el órgano de gobierno de los jueces, que preserva la mayoría conservadora, está en funciones desde 2018. Desde entonces el PP y el PSOE han estado incapaces de ponerse de acuerdo para renovarlo.