En marcha el pleno del Tribunal Constitucional para resolver el recurso del PP sobre la reforma del poder judicial. Los once magistrados se han reunido este lunes cuando pasaban escasos minutos de las diez de la mañana para pronunciarse sobre el recurso de los populares. Encima de la mesa hay varias cuestiones a resolver: dos recursos del PSOE, en los cuales presenta alegaciones y pide personarse en el proceso; y dos más de Unidas Podemos para que el tribunal de garantías eleve a la justicia europea la recusación de dos magistrados por mandato caducado, y para que el PP agote todas las vías parlamentarias antes de acudir a la justicia española. Además, el diputado socialista Felipe Sicilia ha presentado otro recurso este lunes por la mañana que se añade a la larga documentación que tendrán que analizar los magistrados.
Los magistrados del Constitucional han empezado el pleno analizando la admisión a trámite del recurso presentado por el PP la semana pasada. Fuentes del tribunal de garantías aseguran que el segundo punto del orden del día sería resolver las medidas cautelarísimas pedidas por los populares y, en última instancia, analizar la admisión a trámite de los recursos presentados por el PSOE y Podemos, que piden personarse en la causa y recusar a dos magistrados. Sobre la petición del partido morado de acudir a la justicia europea, estas mismas fuentes apuntan a que los magistrados podrían declinarlo. Hacia las dos y media del mediodía, los magistrados han hecho un receso para volver a reunirse a las cinco de la tarde. De momento, aúno no han terminado de resolver el primer punto. De hecho, la reunión de la mañana solo ha servido para pactar que el estudio del recurso de los populares se haga en el pleno y no una sala. Es decir, que se hará allí donde hay mayoría conservadora. Hay que tener en cuenta, también, que la semana pasada los letrados del Constitucional emitieron escritos contradictorios sobre qué tenían que hacer los magistrados. La estabilidad institucional española está en juego.
Vamos por partes. El PSOE considera que, si el TC da la razón al PP, el tribunal de garantías estará vulnerando las funciones parlamentarias de los diputados y senadores españoles, ya que la reforma judicial todavía se encuentra en trámite parlamentario. Es decir, ya se ha aprobado en el Congreso, y todavía tiene que pasar por el Senado, de modo que todavía no se ha convertido en ley. Según los socialistas, todavía no se ha causado ningún daño irreversible. Un motivo más para defender que el Tribunal Constitucional no puede parar el procedimiento parlamentario antes de que este haya acabado.
Además, esta misma mañana, el diputado del PSOE Felipe Sicilia ha presentado otro recurso. Se trata de un texto que argumenta que hay dos magistrados con el mandato caducado que no tendrían que poder participar en la resolución de este recurso del PP. Así pues, quieren que se aparte a Pedro González-Trevijano, que es presidente del TC, y también a Antonio Narváez; los dos son magistrados conservadores. Sicilia denuncia en su escrito que, a pesar de ser presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, no ha sido informado sobre la petición del PP de suspender cautelarísimamente la tramitación de la ley que pretende desbloquear, precisamente, la renovación del Constitucional.
Por otra parte, Unidas Podemos ha pedido este lunes apartar a estos dos magistrados con mandato caducado. En el recurso, se insta al tribunal de garantías español a acudir al Tribunal de Justicia Europea antes de empezar a resolver el recurso del PP. Los socios de Pedro Sánchez en la Moncloa aseguran que "existe una profunda falta de imparcialidad" en el momento en que Trevijano y Narváez participan en este encuentro de magistrados. Consideran que este hecho choca con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En este recurso, Unidas Podemos remarca que se trata de un "caso único en que un poder del Estado tiene en sus manos privar de sus competencias a otro poder del Estado, y todo en un caso que afecta directamente e inevitablemente y tanto personalmente como profesionalmente a una serie de miembros de este órgano que tiene que resolver el asunto en cuestión". Tal como recuerda el partido, "los hechos son tan simples que da vergüenza tener que explicarlos", sin dejar de insistir en el hecho de que la suspensión que pide el PP sobre la reforma del Gobierno afecta "directamente, personalmente y profesionalmente a algunos de los miembros del TC, y, siendo eso incuestionable, los miembros afectados que siguen formando parte del Tribunal que resolverá sobre la demanda, no parecen dudar que la obligación de imparcialidad, que también les afecta a ellos, no es de aplicación al presente caso escondiendo que, en realidad, es una causa que impide que participen en la resolución de este concreto procedimiento".