Cándido Conde-Pumpido se pronuncia públicamente por primera vez sobre el enfrentamiento jurídico abierto entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional por el caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla está decidida a plantar cara a la decisión del TC del pasado mes de julio de revocar la condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por los ERE de Andalucía y está estudiando si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De momento, ha preguntado a las partes si el TC “se ha extralimitado” con una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación”, la Fiscalía ha desaconsejado elevar el caso a Europa y el Constitucional ha convocado un “debate jurídico” interno entre sus doce miembros. Y el presidente del TC ha opinado sobre esta cuestión en un desayuno organizado por el Ateneo de Madrid: “Es un asunto controvertido. Desde el Tribunal Constitucional, respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional que decida tomar una decisión”, ha verbalizado al ser preguntado directamente por esta cuestión. “No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión”, ha añadido.

El presidente del TC ha defendido la necesidad de “reflexionar” sobre una cuestión “novedosa” que pueda “afectar” a la Constitución o a su jurisdicción y por eso ha introducido en el pleno de esta semana un “debate jurídico” sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales en la “ejecución de sentencias definitivas” dictadas por el TC con “suspensión de la ejecución”. “El propio hecho de que se plantee a los compañeros como un debate jurídico sin propuesta de resolución alguna pone de manifiesto que algunas afirmaciones en el sentido de que el tribunal tenía previsto intervenir en este asunto no son adecuadas a la realidad, porque estamos convocando una deliberación y una reflexión interna”, ha esgrimido Cándido Conde-Pumpido.

¿Y cuál es la novedad? El presidente del TC ha argumentado que en 40 años de pertenencia a la Unión Europea, las cuestiones prejudiciales “siempre se habían presentado como recursos primarios”, es decir, “antes de dictar la primera sentencia”. Ahora bien, “no se había planteado nunca como un recurso secundario al final del procedimiento cuando el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado”, ha indicado. Y ha recordado que la Constitución fija que las resoluciones del TC “tienen fuerza de cosa juzgada” y que la ley orgánica que regula su funcionamiento establece una obligación para el TC de “defender su propia jurisdicción dándole medios para ello” y “velar por la ejecución efectiva de sus resoluciones”. “Esa reflexión no afecta en absoluto al planteamiento de la cuestión prejudicial por la Audiencia de Sevilla. Esa es una relación entre ese tribunal y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha subrayado.

“Una cosa son los juicios paralelos en los medios y otra cosa es lo que nosotros vamos a trabajar de manera serena”

Al hilo de la pregunta, Cándido Conde-Pumpido ha lamentado que el debate jurídico en el seno del Constitucional se haya trasladado al “debate público” a través de un “juicio paralelo”. “Una cosa es lo que figura en el debate en lo que llamamos juicios paralelos que se producen en los medios o en las redes y otra cosa es lo que nosotros vamos a trabajar de manera serena y sensata en el ámbito interno del tribunal”, ha concluido.

El “diálogo entre tribunales” como “instrumento” para resolver la “tutela multinivel” de los derechos fundamentales

El presidente del Constitucional ha asegurado que en caso de que estalle algún “conflicto” jurídico, se deberá resolver por la vía del “diálogo entre tribunales”, que es un “instrumento” creado para “resolver la tutela multinivel de los derechos fundamentales”. Se refería al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo (TJUE) y a todos los tribunales constitucionales: “Cada uno tiene su catálogo de derechos y cada uno considera que es el máximo intérprete de sus derechos”, ha apuntado. “En el ámbito del diálogo entre los tribunales, en relación con el TJUE, veríamos si existe algún conflicto constitucional o no”, ha añadido. Y ha señalado que el Tratado de la Unión Europea establece que el derecho europeo tiene primacía en la UE, pero especifica que se debe “respetar lo que se llaman principios inherentes a la identidad de las constituciones nacionales”.