El Tribunal Constitucional ha suspendido la conselleria d'Exteriors porque lo ha pedido el Gobierno español en su recurso y éste cumple los requisitos. Pero de momento no ha entrado a valorar si el departament de Raül Romeva es inconstitucional. Fuentes del Alto Tribunal han explicado a El Nacional que el hecho de que se haya aceptado el recurso y suspendido la conselleria, no implica que haya motivos de inconstitucionalidad.
¿Por qué lo han suspendido automáticamente, pues? Porque el Ejecutivo de Rajoy en funciones pide que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución que dice que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, tendrá que ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses". Y el Tribunal Constitucional está obligado a suspender automáticamente aquello que está en duda, en este caso, la conselleria d'Exteriors.
Ahora tiene cinco meses para dictar sentencia. Para valorar si realmente es inconstitucional o no.
Suspenderlo cautelarmente y automáticamente en el momento de admitir el recurso, es sólo una de las garantías que prevé la Constitución para parar alguna cosa que podría estar vulnerando la ley y los derechos fundamentales. En este caso, representa una piedra judicial más en el camino hacia el proceso de desconexión.
Admitido a última hora
La admisión a trámite del recurso del Gobierno español se aprobó ayer en el pleno del Tribunal Constitucional, aunque no estaba previsto en el orden del día. Entró a última hora y se aprobó. Los magistrados del Constitucional ya han comunicado su decisión a la Fiscalía y está previsto que a lo largo del día de hoy informen las partes. Antes de decidir si anulan definitivamente el Departament d'Exteriors, escucharán al Ministerio Público y la Generalitat.
El Gobierno español en funciones decidió el pasado 5 de febrero impugnar ante el Tribunal Constitucional la creación del Departament d'Exteriors por parte del Ejecutivo catalán y pidió que fuera suspendida su puesta en marcha.
El Gobierno acude al Tribunal de Garantías con el informe favorable del Consejo de Estado y de la Abogacía y solicitó que se suspendiera el decreto por el cual se crea este departament; entiende que, en caso de seguir funcionando, "podría generar consecuencias contrarias a la ordenación jurídica". El Gobierno español considera que la ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado exige que las comunidades autónomas coordinen con el Gobierno cualquier actividad internacional que quieran desarrollar "dentro de sus competencias".
El Ejecutivo de Mariano Rajoy basa su recurso en el hecho de que sólo el Estado tiene atribuciones en política exterior (artículo 149 de la Constitución). Hay diferentes sentencias del mismo Tribunal Constitucional que avalan estos argumentos.
Contra el procés
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló entonces que "la mera constitución de este departamento", al que se atribuyen competencias en política internacional, es "contraria al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas (regiones).
Esta decisión se tomó mientras el Ejecutivo está en funciones, después de las elecciones generales del 20 de diciembre, pero, según Catalá, el Estado de derecho "nunca está en funciones" en la tutela, vigilancia y garantía de cumplimiento de la Constitución y de las atribuciones de cada administración. La ley española permite, por razones de urgencia, que un Gobierno en funciones lleve a cabo determinadas actuaciones.
El nuevo Govern de Catalunya, avalado por los grupos independentistas de Junts pel Sí y la CUP (Candidatures d'Unitat Popular), aprobaron el enero pasado la creación del Departament (Conselleria) d'Exteriors, Transparència i Relacions Institucionals. La conselleria, dirigida por Raül Romeva, es una de las principales novedades del Ejecutivo del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.