El Tribunal Constitucional ha impedido este martes que Òmnium Cultural se pueda personar en la causa del 25% de castellano en la escuela catalana. El tribunal de garantías considera que la entidad no puede entrar dentro de este procedimiento porque ya no fue parte en el procedimiento judicial que se abrió en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El TC recuerda, además, que la entidad ya intentó personarse en el TSJC, y que la personación fue rechazada por este mismo tribunal el pasado mes de junio; y por segunda vez el último mes de noviembre.

La entidad que preside Xavier Antich sostiene que defiende a unas 42 familias que piden que se mantenga el catalán como lengua vehicular, además de defender la lengua propia en el sistema educativo catalán. La ejecución de la sentencia del 25% de castellano en todos los centros educativos catalanes fue suspendida por el mismo TSJC al comprobar que no podía aplicarla ante la nueva normativa catalana.

En el recurso de Òmnium ante el TSJC, la entidad aseguraba que la promoción del catalán es "una cuestión transversal en todos los aspectos de la sociedad", especialmente en la juventud, y, por lo tanto, en el sistema educativo existente en Catalunya. Aunque el TSJC expulsó a Òmnium de la causa, la entidad independentista anunció que pediría personarse ante el Constitucional, que tenía el encargo de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Govern y por el Parlament para esquivar el 25% de castellano.

El Pleno de este martes también ha servido para que el Constitucional admitiera a trámite un recurso contra la ley catalana para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda. Concretamente, el tribunal de garantías ha admitido que se contemple la obligación de ofrecer un alquiler social por parte de los grandes tenedores. El Gobierno presentó este recurso porque consideraba que se habían vulnerado las competencias estatales.

Por otra parte, el Constitucional ha admitido a trámite un recurso de Vox contra la ley del 'solo Sí es Sí'. Según el partido de extrema derecha, se trata de una ley que es una "aberración jurídica" porque "vulnera todos los principios básicos del ordenamiento jurídico y de la Constitución, tal como defendió la vicepresidenta jurídica del partido de ultraderecha, Marta Castro. Afirmó que la ley atenta contra los principios básicos de la legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, ya que, según la formación, la nueva regulación del consentimiento "invierte la carga de la prueba". Uno de los argumentos que utilizó el partido capitaneado por Santiago Abascal es que la ley estrella de la ministra Irene Montero deja "a las víctimas desprotegidas" y permite un "marco de discrecionalidad muy amplio de análisis para el juez, en cada uno de los casos."