El Tribunal Constitucional da la razón a Ciudadanos. En dos sentencias aprobadas por unanimidad en el pleno de la semana pasada, el alto tribunal resuelve los recursos de amparo presentados por la formación unionista contra la tramitación de las leyes del referéndum y transitoriedad jurídica, tramitadas y aprobadas en el pleno del 6 y 7 de septiembre del 2017. Y concluye que, con los acuerdos de la Mesa y el pleno del Parlament de Catalunya, "se vulneraron el derecho de participación política" del grupo parlamentario de Inés Arrimadas.

En las dos sentencias, el Tribunal Constitucional argumenta que los acuerdos adoptados por la Mesa y el pleno del Parlament para la tramitación de las dos leyes vulneraron derechos políticos de otros grupos parlamentarios. Concretamente, sostiene que se tramitó y se aprobó "al margen de cualquiera de los procedimientos legislativos y regulados en el Reglamento del Parlamento de Catalunya y a través de una vía del todo inapropiada, el artículo 81.3," que permite la supresión de trámites.

Justamente sobre este artículo del reglamento, el TC denuncia que "la mayoría se sirvió para improvisar y articular ad hoc una vía insólita en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de grupos y diputados".

 

El pleno del alto tribunal señala que, en la tramitación de la ley de transitoriedad jurídica, "se incurrió en muy graves quiebras del procedimiento legislativo, que afectaron sin duda a la formación de la voluntad de la cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes".

Con respecto al acuerdo de la Mesa que el 6 y 7 de septiembre negó a algunos grupos la solicitud de un dictamen en el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el Tribunal Constitucional asegura que "se realizó fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Catalunya y del resto del ordenamiento aplicable".

El 8 de noviembre del 2017, el pleno del tribunal ya acordó de forma unánime declarar nula la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. También anuló por inconstitucionales los acuerdos por los cuales el Parlament declaró de forma unilateral la independencia (DUI) el 27 de octubre.