Las ponencias del Tribunal Constitucional proponen exonerar totalmente del delito de la malversación al expresidente de la Junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por el caso de los ERE fraudulentos con cargos en los fondos autonómicos de Andalucía. A partir del próximo martes, 16 de julio, el Constitucional estudiará la propuesta de la ponencia. Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que la ponencia impulsada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que plantea anular la sentencia y que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte una nueva, como ha publicado El Español. Esta decisión implicaría alejar definitivamente a Griñán del ingreso en prisión, aunque nunca ha acabado entrando por el cáncer que sufre, y también perdonar el delito de prevaricación. El Constitucional también revisará la condena del expresidente andaluz Manuel Chaves, así su condena de 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación quedaría rebajada considerablemente.

Revisión de los delitos

La propuesta cuenta con el apoyo de los 7 magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los 4 magistrados del sector conservador. Los borradores estiman parcialmente los recursos de los expresidentes y, por lo tanto, anulan las sentencias y ordenan a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia en relación con las partidas concretas de prevaricación. Así pues, aplica los mismos argumentos que en las sentencias anteriores de los ERE, que la elaboración de los anteproyectos y su apropiación como proyectos de ley no constituye prevaricación; que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz y que no es lo mismo gestionar las ayudas a la Consejería de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias.

En el caso de Griñan el texto elimina completamente la malversación y la prevaricación, excepto una modificación presupuestaria realizada para la partida 32H, ajena al programa de ayudas sociolaborales. Según el borrador, la elaboración de los anteproyectos de ley y su apropiación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de este delito. La exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quedó afectada por la misma cuestión. Esta partida quedó aprobada el 9 de diciembre de 2004 por el Consejo de gobierno presidido por Chaves y con Griñán como consejero de Hacienda, y Martínez Aguayo como su número 2 en la Consejería. Si se cumple, la sentencia eliminaría definitivamente el ingreso en la prisión de Griñán. Con respecto a Chaves, la ponencia anula el delito de prevaricación en relación con los proyectos de Ley de Presupuestos, pero no respecto a las modificaciones presupuestarias anteriores al hecho de que este mecanismo se introdujera por ley. Así pues, el escrito limita la prevaricación a 5 modificaciones presupuestarias entre 2000 y 2001, cuando presidía la Junta, así como en las partidas 32H de 2004, añaden las fuentes.

Ahora, el Constitucional estudiará el recurso de Griñán después de haberse pronunciado sobre los otros 7 condenados por el caso de los ERE. De momento, las sentencias del tribunal de garantías han supuesto la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo —que ya disfrutaba del tercer grado penitenciario—, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.