El Tribunal Constitucional ni siquiera ha entrado a analizar el fondo de la cuestión planteada. Según han informado desde el alto tribunal, en su reunión extraordinaria de este jueves, la sala primera ha rechazado por unanimidad la admisión a trámite del recurso de amparo de Ciudadanos contra la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí a las elecciones europeas. Lo mismo ha hecho, dos horas más tarde, con los tres recursos idénticos registrados por el PP. La decisión llega a horas del inicio de la campaña electoral.
En su providencia, el Tribunal Constitucional considera que "no existe violación de un derecho fundamental tutelable en amparo", en contra de lo que argumentaba el partido de Albert Rivera en su recurso. Los argumentos jurídicos que han servido para Ciudadanos también han servido para el PP.
Ciudadanos presentó el recurso este miércoles por la tarde contra la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Madrid, que avaló que Puigdemont, Comín y Ponsatí pudieran presentarse, un camino que indicó el Tribunal Supremo contra el criterio de la Junta Electoral Central. Desde el partido unionista consideraban "inadmisible que un señor que se ha fugado de la justicia y que trabaja en contra de España tenga privilegios y represente a nuestro país". En la misma línea, denunciaban que "es una vergüenza que los españoles tengan que pagar un sueldo con dinero público a Puigdemont después de haber dado un golpe de estado".
Por su parte, el pasado lunes desde Moncloa, Pablo Casado criticaba que "la democracia española no merece este escarnio de ver como personas que están reclamadas por la justicia quieren representar a nuestro país a unas elecciones europeas para continuar haciendo propaganda pagada con nuestros impuestos",
Pero el tribunal responde que "el motivo alegado no puede tenerse, propiamente, como un verdadero motivo de amparo, porque no guarda ninguna relación con la conculcación de un derecho fundamental". Y se aferra a su propia doctrina, que dice que "no puede existir vulneración de los derechos constitucionales como consecuencia de la posible vulneración de la legalidad por parte de otra candidatura".