El Tribunal Constitucional ha decidido este jueves admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno y suspender algunos artículos de las leyes trans y LGTBI que modificó el gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso en 2023. Ha tumbado cautelarmente, por ejemplo, artículos que exigían a menores de edad presentar informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición de género. Como el tribunal de garantías ha admitido a trámite el recurso del ejecutivo de Pedro Sánchez, queda suspendida la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que también figura el que permite el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Gobierno considera que supone una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.
De la misma manera que hizo el Defensor del Pueblo, el gobierno de coalición de PSOE y Sumar llevó ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de estas dos normas autonómicas al considerar que vulneraban la Constitución e invadían competencias exclusivas del Estado. "No permitiremos la patologización que trata a las personas trans como a enfermas", ha dejado por escrito este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, en un tuit en su cuenta de Twitter (ahora X) para celebrar la decisión del Tribunal Constitucional.
El pasado mes de diciembre, la Asamblea de esta comunidad autónoma aprobó las reformas de la ley trans y LGTBI que, a efectos prácticos, suponían una derogación en los derechos de este colectivo. Concretamente, eliminaba una veintena de artículos y cambiaba la redacción de cuatro. Se borraron del mapa conceptos como la autodeterminación de género o la inversión de la carga de la prueba, así como la discriminación por error o la coeducación. Retocaba aspectos sanitarios y eliminaba la necesidad de un informe de impacto LGTBI para las normativas de la Comunidad. También se eliminaba el artículo destinado al reconocimiento y apoyo institucional del colectivo por parte del Ejecutivo regional.
De la misma manera, se eliminaba de la ley la creación del Consejo LGTBI de la Comunidad, un órgano consultivo; así como el Centro de Documentación y Memoria LGTBI y la Comisión Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación. Una de las partes centrales de esta modificación era el ámbito educativo. Derogaba puntos sobre el desarrollo del plan integral sobre educación y diversidad, lo que aborda el acoso escolar, lo que aborda la inclusión del respeto y la pedagogía LGTBI en los currículums, la incorporación de la realidad LGTBI en los planes de estudio y la formación del personal docente.
La polémica del PP con el cartel LGBTI de Madrid
La última polémica que protagonizó el PP con el movimiento LGTBI fue por el cartel para promocionar el Orgullo. El movimiento consideró que estigmatizaba al colectivo: aparecían imágenes de preservativos, tacones y bebidas alcohólicas. El PSOE tachó el cartel de "despropósito".