El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado denegar la suspensión de las órdenes nacionales de busca y captura e ingreso en la prisión del president Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín decretadas por el Supremo. El auto se ha aprobado por unanimidad y mantiene vigente el objetivo de que sean detenidos. El magistrado Cándido Conde-Pumpido, explica que "la suspensión implica la perturbación de la función jurisdiccional y supone una injerencia de la jurisdicción constitucional en las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria que tiene que ser abordada con mucha cautela, caso a caso, para evitar que este Tribunal ejerza funciones que le están constitucionalmente prohibidas".
El magistrado Cándido Conde Pumpido / Foto: EFE
Allí donde el TC ve perturbación, los tribunales europeos, concretamente el TJUE, admite la inmunidad de desplazamiento vinculada a la condición de eurodiputados que tienen ambos. Y en clave|clavo|llave de justicia ordinaria, el precedente de la alemana el año 2018 también desafió a la española. El Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein determinó que "no era admisible" el cargo de rebelió porque no apreció violencia suficiente que pusiera en peligro las instituciones del Estado y tampoco de ningún delito de perturbación del orden público.
El Constitucional reitera que si ahora cambia de opinión y contradice las anteriores resoluciones "equivaldría a una resolución anticipada del fondo del recurso de amparo". Y añade: "Si se levantaran las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento a pesar de haberles reconocido la adquisición de las prerrogativas e inmunidades que les corresponde como parlamentarios europeos".
El escrito utiliza conceptos como "procesalmente rebeldes" en Puigdemont y Comín y tilda de "delitos graves" la convocatoria del referéndum a pesar de no matizar los motivos. Además, concluye que los llamamientos judiciales que se les ha formulado desde julio del 2018 no han sido contestados por cabeza de ellos y de aquí el motivo de su rebelión.