Jordi Puig, el cónsul honorario de Filipinas en Barcelona, fue destituido por el gobierno filipino, a instancias del ejecutivo español, a principios de enero, por su participación en las protestas contra la brutalidad policial del 1-O. Fue víctima de la purga organizada por el Ministerio de Exteriores contra los cónsules honorarios, que también afectó al cónsul de Letonia, Xavier Vinyals; al de Bulgaria, el futbolista Hristo Stoitxkov; y al de Finlandia, Albert Ginjaume.
La comunidad filipina de Catalunya, integrada por 25.000 personas, se ha visto muy afectada por la medida, ya que ha supuesto el cierre del consulado. Un día al mes funcionarios de la embajada en Madrid se desplazan a Barcelona, lo que no basta para cubrir las necesidades de los residentes filipinos. Hoy los filipinos se han manifestado en la capital catalana para reclamar que se reabra el consulado. La alcaldesa catalana les ha dado su apoyo y ha anunciado que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la embajada para tratar de resolver el asunto.
También Oriol Amorós, secretario general de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, ha mostrado su indignación por el cierre de la legación diplomática.
Amorós ha recordado que hay más filipinos en Catalunya que en el resto del Estado y que, además, el puerto de Barcelona recibe a muchos marineros filipinos que necesitan a menudo atención consular urgente. Y apunta que es sorprendente que no haya consulado filipino en Barcelona, la ciudad del mundo que no es capital de Estado con más legaciones diplomáticas, tras Nueva York.