El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado abrir juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por su gestión como directora de la Institució de les Lletres Catalanes, una gestión entre los años 2013 y 2017 por la cual se encuentra procesada por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Hasta último momento ha sido una incógnita saber cuándo el TSJC daría este paso, ya que la defensa de Borràs había presentado múltiples recursos, el último rechazado por el juez, pero finalmente el curso político cierra con esta decisión encima de la mesa, y en especial también encima de la Mesa del Parlament, que ahora es clave para determinar el futuro de la presidenta de la cámara. De hecho, la apertura de juicio oral, que aún no tiene fecha, ha cogido Borràs en medio de una Mesa del Parlament ordinaria donde se tenían que decidir cuestiones como las condiciones de los trabajadores del Parlament o abordar la actitud intimidatoria del diputado de Junts Francesc de Dalmases.
🔴 Laura Borràs, a juicio | DIRECTO
¿Qué pasa ahora a la cámara catalana? El artículo 25.4 del reglamento de la cámara catalana apunta que la Mesa, una vez es firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes de manera inmediata. Borràs aseguró que tan pronto como recibiera esta resolución la pondría en conocimiento del órgano rector de la cámara. Una vez notificados los miembros y siguiendo el reglamento, los representantes tendrían que acordar la suspensión inmediata, pero todavía no claro está si previamente se activará la Comisión del Estatuto de los Diputados, aunque la mayoría de las voces apuntan que eso no se hará y que se liquidará la decisión en una Mesa donde ERC, PSC y CUP decidan suspenderla.
¿Qué es un delito de corrupción?
La Comisión del Estatuto de los Diputados se activa en caso de dudas, y el mismo artículo 25.4 del reglamento establece que "si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de Incompatibilidades", es necesario un dictamen de esta comisión, que precisamente preside un diputado de absoluta confianza de Borràs, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas. Ahora bien, para activar esta comisión hace falta un acuerdo de la mayoría de la Mesa, y Junts no tendría bastante fuerza para activarla en solitario. ¿Cuáles serían las dudas que se podrían plantear? El foco está sobre la definición de los delitos de corrupción, y es que desde el inicio de este proceso la presidenta de la cámara ha asegurado que no se siente interpelada por este artículo del Parlameno ya que ha desvinculado absolutamente su causa como un caso de corrupción y lo ha atribuido a un caso de represión del estado español contra el independentismo. Además, la misma presidenta ha expuesto que el delito de la malversación de fondos -por el cual ella no está procesada- es el que socialmente se considera un delito de corrupción.
Ahora bien, tendría que ser la Comisión del Estatuto a quien resuelva sobre esta cuestión. Lo cierto es que el Código Penal no define que es un delito de corrupción ni existe un delito como tal. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elabora una estadística sobre la evolución de los delitos relacionados con la corrupción pública, y el delito de prevaricación, por el cual Borràs está procesada, está incluido.
Una vez se hiciera el dictamen, serán los grupos los que tendrán que posicionar sobre el dictamen y decidir si blindan o hacen caer Borràs. Se active o no la Comisión del Estatuto, es la segunda opción la que más se entrevé de las palabras y manifestaciones hechas hasta ahora, y es que a pesar de los llamamientos de Junts de hacer frente común del independentismo para proteger Borràs, ERC y la CUP ya han dicho tanto en público como en privado que hay que respetar el reglamento del Parlament y por lo tanto que Borràs sea suspendida hasta que se resuelva su causa. Hasta hace pocas semanas estos dos partidos habían evitado posicionar, y sobre todo habían pedido que la misma Borràs decidiera personalmente apartarse con el fin de no afectar a la honorabilidad del Parlament ni la ejemplaridad del movimiento independentista. Borràs, sin embargo, ha reiterado decenas de veces que no piensa dimitir.
¿Qué significa la suspensión de derechos y deberes de manera inmediata?
Los derechos y deberes de los diputados están fijados en el capítulo 1 del reglamento del Parlament. Si estos quedan suspendidos, significa que Borràs no tendrá derecho a asistir a los plenos del Parlament, no podrá votar, no podrá participar de las comisiones y tampoco podrá cobrar su sueldo. Justamente hace unos días la presidenta, en una entrevista en RTVE, hablaba por primera vez sobre qué podría significar esta suspensión, ya dando por entendido que los otros dos partidos independentistas no tienen la intención de salvaguardar sus derechos. Así, Borràs aseguraba que si es suspendida, eso no quiere decir que deje el escaño, sino que deja de hacer las funciones y la sustituyen temporalmente: "Suspender alguien del cargo quiere decir que dejas de hacer aquellas funciones, pero no quiere decir que las abandones o te hagan dimitir, sino que durante el periodo de tiempo que se considere que afecta a esta suspensión hay alguien más que hace las funciones".
Esta interpretación es compartida por Esquerra Republicana. De hecho los republicanos no han exigido la dimisión de Borràs, sino que acepte su suspensión. El lunes mismo la portavoz Marta Vilalta reivindicaba respetar el artículo del reglamento que decreta la suspensión y mostró su compromiso para asegurar que quien sustituya Borràs en estas funciones sea de Junts per Catalunya, ya que en el pacto de la investidura de Pere Aragonès ambos grupos fijaron que las funciones de la presidencia del Parlament pertenecen a Junts. No serían por lo tanto la voluntad de ERC que vicepresidenta de la Mesa, Alba Vergés, de los republicanos, asumiera estas funciones. ¿Pero cómo se podría hacer que sea alguien de Junts que asuma estas funciones? La respuesta está abierta, y es que nunca en la historia de la institución se ha vivido un caso de estas características, pero lo que es cierto es que según el reglamento, solo las vicepresidentas pueden asumir esta función y por lo tanto, la forma más fácil para garantizar que la presidencia fuera de Junts, sería la dimisión de Borràs o bien que dentro de la Mesa se reestructuren los cargos y que la secretaria de Junts Aurora Madaula pase a ser vicepresidenta.