El funcionamiento de la judicatura española se explica perfectamente en dos whatsapps. El primero, de noviembre de 2018, pocos meses antes de empezar en Madrid el juicio del procés. Su autor, el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo con sus compañeros. El político popular se vanagloriaba de haber conseguido un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial para colocar a Manuel Marchena al frente. "Controlaremos la sala segunda desde detrás", llegó a escribir Cosidó. La filtración impidió el relevo, pero fue el magistrado conservador quien acabó presidiendo al tribunal que condenó a los presos políticos por sedición.

El segundo whatsapp es de este mismo verano, del 17 de agosto. El remitente, Pedro Sánchez; el destinatario, Pablo Casado. Sus responsables de Justicia hacía días que hablaban de la renovación de los órganos constitucionales y veían luz al final del túnel. En este contexto, el presidente español preguntó al líder de la oposición si realmente era viable el acuerdo. El dirigente conservador le respondió que sí. Todo parecía que iba viento en popa e incluso había nombres encima de la mesa. Pero finalmente el líder del PP retrocedió, coincidiendo con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo. Un mes después, todo sigue donde estaba: en el bloqueo absoluto.

Más allá de evidenciar el bloqueo, son dos mensajes que ponen de manifiesto cómo se llega hasta la cúpula judicial del Estado: los dos grandes partidos del sistema se reparten el pastel. Según la ley, los miembros del CGPJ son escogidos por una mayoría cualificada de tres quintas partes de las Cortes; es decir, 210 de los 350 diputados del Congreso. Sin participación del PP, el gobierno de coalición no puede hacer nada, tiene las manos atadas. Y a los populares ya les está bien como está ahora y no tienen ninguna necesidad de acceder a negociar. El actual CGPJ tiene el mandato caducado de Carlos Lesmes desde hace casi dos años, desde diciembre del 2018. Pero es de mayoría conservadora: de los 21 miembros que tiene, 11 vocales y el presidente fueron propuestos por el PP.

Sin participación del PP, el gobierno de coalición tiene las manos atadas: no puede hacer nada ni con el CGPJ, ni con el TC, ni con el Defensor del Pueblo, todos ellos con mandatos caducados

Lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional. Según la Constitución, los mandatos de sus 12 magistrados duran nueve años y se renuevan de cuatro en cuatro cada tres años. Cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ. Actualmente hay cuatro jueces --incluido el presidente Juan José González Rivas-- que tienen el mandato caducado desde noviembre del año pasado. Para renovarlos, también se requiere de una mayoría cualificada de tres quintas partes, donde el PP es imprescindible. Actualmente la correlación en el pleno del alto tribunal es de siete conservadores contra cinco progresistas.

Y también es el caso del Defensor del Pueblo, cargo que ahora ocupa Francisco Fernández Marugán, exdiputado del PSOE. Lo ocupa de forma interina desde julio del 2017, hace más de tres años, después de la dimisión de Soledad Becerril —con carné del PP-, de quien era su adjunto. Becerril se fue al cumplir su mandato de cinco años. Para escoger a un nuevo Defensor del Pueblo también hace falta tres quintas partes de las Cortes españolas.

Pero el conflicto no es sólo la composición del órgano de gobierno de los jueces. Va más allá. Es también, y sobre todo, los niveles inferiores. Estando en funciones, con el mandato caducado, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hasta 43 nombramientos de jueces. Es el caso, por ejemplo, del conservador José Ramón Navarro, que el año pasado fue renovado por cinco años más como presidente de la Audiencia Nacional. Con él también fue renovado Manuel Marchena como presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Desde el año pasado el CGPJ ha escogido a los presidentes de los tribunales superiores de justicia de seis comunidades autónomas.

Salas colonizadas

Sin ir más lejos, este miércoles el pleno del CGPJ dará luz verde a 13 nuevos nombramientos que se habían intentado aplazar por falta de renovación del órgano. Entre estas, hay tres presidencia de sala del Tribunal Supremo --social, contenciosa y militar-- y también, lo más relevante, tres plazas de la sala de lo penal del mismo tribunal por la jubilación de tres de sus miembros. Como el nombramiento necesita una mayoría reforzada de 13 vocales --y el PP sólo tiene 12--, lo más probable es que se acabe optando por la fórmula de dos conservadores y un progresista. Entre los conservadores, uno de los que postuló y de los mejor posicionados es el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, quien juzgó y condenó al president Quim Torra por no retirar la pancarta. Serán 15 las plazas en el Supremo renovadas por el CGPJ en funciones, incluidas las presidencias de sus cinco salas, con mandatos de cinco años.

A pesar del mandato caducado, el CGPJ sigue colonizando las salas con magistrados conservadores con plaza vitalicia

Justamente la sala de lo penal sirve de ejemplo para hacerse una idea de la colonización de lugares clave de la judicatura por parte de la derecha. Ahora mismo la correlación, sin contar las tres plazas vacantes, es de 11 jueces conservadores contra 2 progresistas. Si se optara por la fórmula de 2 conservadores-1 progresista, las cosas no cambiarían mucho: 13 contra 3. Aunque se desbloqueara pronto la renovación del CGPJ, habrá mayoría conservadora para unos cuantos años. A diferencia de las presidencias de sala, los magistrados no tienen límite temporal. Si no renuncian antes, lo son hasta que se jubilan. Según la ley, la edad de jubilación se mueve entre los 70 y los 72 años, y pueden llegar excepcionalmente hasta los 75. Por ejemplo, las tres vacantes: Julio Barreira lo deja con 73 años, y Luciano Varela y Francisco Monterde lo hacen con 71 años.

Analicemos los actuales integrantes conservadores de la sala de lo penal. Hay cinco magistrados con al menos dos –o incluso tres– legislaturas políticas por delante: Pablo Llarena (57), Carmen Lamela (59), Vicente Magro (60), Manuel Marchena (61) y Antonio del Moral (61). Hay cinco más con al menos una legislatura política por delante: Eduardo de Porres (63), Andrés Martínez Arrieta (65), Julián Sánchez Melgar (65), Vicente Magro (65) y Juan Ramón Berdugo (66). Sólo un magistrado tiene cerca el horizonte de la jubilación: Miguel Colmenero (69).

No es poca cosa la sala segunda del Tribunal Supremo que algunos quieren "controlar por detrás". Por esta instancia pasan los aforados y también las principales causas penales de España, como en su momento el juicio del procés, pero también casos de corrupción. De hecho, en los próximos meses y años tendrán importantes carpetas encima de la mesa, como el caso de los ERE de Andalucía o la Gürtel. Si la fiscalía pidiera investigar al rey emérito por sus tejemanejes en Arabia Saudí, la sala de lo penal tendría la última palabra.

56 nombramientos con mandato caducado

Con los del miércoles ya serán 56 los nombramientos del CGPJ con mandato caducado. Y no parece que haya quien lo pare. Este mismo jueves, el órgano de gobierno de los jueces ha convocado ocho nuevas plazas. Son las presidencias de las audiencias provinciales de Baleares, Navarra, León, Salamanca, Ciudad Real, Almería y Cantabria, y la presidencia de la sala de lo social del TSJ de Baleares. Pueden cambiar las mayorías políticas en el Estado, como ha pasado desde la moción de censura, pero la judicatura se mueve por parámetros y ritmos muy diferentes.

No es nuevo

Como relata Ignacio Escolar en una crónica a eldiario.es, hay una clara desproporción entre las mayorías políticas y las del órgano de gobierno de los jueces. En el presente siglo, el PP y el PSOE han gobernado España diez años cada uno. En cambio, el CGPJ ha tenido mayoría progresista sólo durante cinco años y conservadora los otros 15. La explicación: que el bloqueo de Pablo Casado no es nuevo. Los populares ya torpedearon su renovación durante el mandato de José Luis Zapatero. Del 2004 al 2008, a pesar de gobernar al PSOE, la mayoría a la judicatura estuvo controlada por el PP. Y lo mismo hicieron con Felipe González.

Guerra abierta contra La Moncloa

Que el poder judicial actuaría de contrapoder al Gobierno de coalición ya se vio en los primeros pasos de la legislatura, cuando el CGPJ enseñó la patita. En ese momento, haciendo público un comunicado contra el vicepresidente Pablo Iglesias por haber situado la sentencia del procés en el contexto del rechazo de los tribunales europeos. Después le seguirían más comunicados contra declaraciones de Iglesias. Esta semana, sin embargo, ha explotado de pleno con la ausencia insólita del Rey en Barcelona para la entrega de los despachos a los nuevos jueces. Y la Casa Real ha tomado partido como el 3-O: llamando a Carlos Lesmes y cerrando filas con el pulso de un gobierno de los jueces secuestrado por la derecha más patriota.