"Finalmente, he sido exonerada de toda responsabilidad en la investigación llevada a cabo por el fiscal suizo durante tres años". Así se ha pronunciado este mediodía Corinna Larssen después de que el fiscal suizo Yves Bertossa haya cerrado su investigación por los 65 millones de euros pagados por Arabia Saudí a Juan Carlos I. La princesa alemana ha asegurado que su inocencia era "evidente desde el principio" y que este episodio "ha servido para estropear todavía más mi imagen en el marco de campaña continúa de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles", ha añadido.
Con todo, sin embargo, a pesar de que "exonerada de toda responsabilidad", Corinna ha aprovechado la ocasión para denunciar que "mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes".
Blanqueo de capitales
Esta decisión supone un fuerte alivio por Juan Carlos I, que espera poder devolver cuanto antes mejor en el Estado, aunque de momento, no lo ha conseguido. Después de tres años, Bertossa ha anunciado su decisión en las partes durante una vista este lunes. Cuatro personas del entorno directo del emérito eran acusadas de blanqueo de capitales por haber gestionado o participado en la transferencia de fondo: el gestor patrimonial del rey en Ginebra, su abogado suizo, su examante Corinna Larsen y el banco Mirabaud. De esta manera, todos quedan exonerados.
El fiscal Bertossa, "nunca se ha tragado la historia de Juan Carlos", tal como subraya el diario Tribune de Genève, pero no le ha quedado ningún remedio más que archivarlo: "Ha corroborado que sería imposible demostrar que los 100 millones de dólares ofrecidos al emérito provenían de un delito, condición necesaria para que el blanqueo se realice". Inicialmente, el magistrado sospechó que el dinero formaba parte de un "esquema corrupto" vinculado al contrato de los trenes de alta velocidad entre la Meca y Medina.
"Lo que le venga a gusto"
Varios partidos han reaccionado ya a este cierre de la investigación, que podría abrir la puerta a que el emérito vuelva al Estado. Los ultras de Vox han evitado pronunciarse al respecto y creen que volver o no volver es una "decisión personal" del rey emérito en la que no tienen lugar consideraciones políticas. El eurodiputado Jorge Buxadé ha expresado su "respeto por el desarrollo de la vía judicial" y considera que si la Fiscalía suiza ha tomado esta decisión, "bien archivado estará".
Por su parte, desde Ciudadanos también han evitado pronunciarse sobre si el emérito tiene que volver o no en España: "Puede hacer lo que le venga a gusto", ha dicho el portavoz Edmundo Bal en rueda de prensa desde el Congreso. En este sentido, ha asegurado que "poco puedo añadir a la decisión de la Fiscalía de Suiza, que ha tomado esta decisión "a la vista de los datos que tiene".
Este fin de semana, antes de conocerse la noticia del cierre de las investigaciones, la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, defendía que Juan Carlos solo podría volver "si está para rendir cuentas delante la Justicia y la ciudadanía por sus escándalos de corrupción y negocios ilícitos".