Corinna, empresaria y asesora de Albert de Mónaco, que mantuvo una larga relación sentimental con Juan Carlos I, afirma que el rey la utilizó para esconder patrimonio y propiedades en el extranjero. Así lo reconoció ella misma en una reunión con el comisario José Manuel Villarejo, según una grabación del encuentro en que ha tenido acceso el diario El Español.
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Durante la conversación, la princesa Corinna explica que está viviendo "una pesadilla enorme" ya que, a "sus espaldas y con su gente", el rey Juan Carlos habría colocado parte de su patrimonio a nombre de ella. Se refiere a varias propiedades en Marruecos y otros lugares fuera de España que, después de su ruptura sentimental, Juan Carlos I le estaría reclamando.
En las grabaciones, Corinna relata de manera detallada la presunta operativa para esconder el patrimonio del actual rey emérito. Según apunta, el abogado del Rey Dante Canónica creaba "estructuras" opacas que ponía a nombre de terceros, como el suyo, y afirma que sufre una presión desorbitada para ponerlas, de nuevo, a nombre de terceros próximos al rey, ahora que ha acabado su relación. En el foco de estas presiones Corinna sitúa el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En concreto, relata un encuentro con el máximo responsable del CNI, Felix Sanz Roldán, el verano de 2012, en que afirma que este la amenazó tanto a ella como sus hijos de muerte y que el Rey lo sabía. En las grabaciones, Corinna explica dos presuntas operaciones con mercenarios, una en Londres y la otra en Mónaco, para acceder a su casa y robar documentación.
Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, no consta que Corinna presentara alguna denuncia ni en España, ni en Londres ni en Mónaco sobre una presunta intrusión a sus comunicaciones o vivienda. Sanz Roldán ha negado que amenazara a la empresaria y el CNI también ha desmentido cualquier operación para recuperar documentación.
Corinna también indicó que el Rey tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo, Álvaro de Orleans-Borbón. Además, explica que Juan Carlos I habría recurrido a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Rajoy el año 2012 que permitía repatriar fondos opacos con un coste tributario mínimo.