La examante del rey Juan Carlos I, Corinna Larsen -también conocida como en Corinna zu Sayn-Wittgenstein-, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, el High Court de Londres, contra el emérito y los servicios secretos españoles, a los que acusa de ponerla bajo "vigilancia ilegal" en el Reino Unido. Según adelanta el diario británico Financial Times, la examante presentó la demanda en diciembre del año pasado, pero no ha sido puesta a disposición del tribunal hasta este lunes, 26 de julio.
En la demanda, siempre según el medio citado, se acusa directamente al rey emérito de acoso "desde el 2012 hasta la actualidad", y se incluyen denuncias de amenazas y difamación además de "vigilancia encubierta ilegal" por parte de los agentes del servicio de inteligencia español. Larsen pide que se la resarza por daños y perjuicios y una orden de alejamiento para el padre del rey Felipe VI.
Según Financial Times, el equipo legal de Juan Carlos no ha presentado todavía ninguna defensa contra la demanda, pero prevé de entrada una batalla sobre la jurisdicción, es decir, la capacidad del High Court de juzgar a Juan Carlos, ya que se trata de un antiguo jefe de Estado de otro país, que, además, no vive en el Reino Unido. El mismo diario apunta que, aunque el caso se centre en Juan Carlos, no se tendría que descartar que salpique al actual monarca español, Felipe VI, que se encuentra en una situación de baja popularidad por la serie de escándalos que han manchado la imagen de la familia real.
Larsen reprocha pérdida de ingresos
La denunciante también reprocha a Juan Carlos haberla acusado falsamente de robar 65 millones de euros, que formarían parte del polémico donativo de 100 millones de dólares entregados en 2008 por el rey Abdullah de Arabia Saudí al entonces monarca español en ejercicio. Larsen defiende que Juan Carlos le dio aquellos millones, pero que, al finalizar la relación, la acusó de robarlos, los reclamó y la difamó, hecho que le habría provocado una pérdida de ingresos de su puesto de trabajo como "consultora estratégica que trabajaba con particulares de alto valor neto y con empresas líderes de todo el mundo", según menciona el medio citado, que no especifica qué resarcimiento pide Larsen, aunque apunta que sería de "decenas de millones de euros".
Además, Larsen pide una orden de alejamiento para Juan Carlos y sus agentes, de al menos 150 metros, para impedir que se puedan comunicar con ella, rastrearla o acosarla. Asimismo, alega que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), su jefe, Félix Sanz Roldán, o personas que trabajaban en su nombre o en nombre de Juan Carlos, la pusieron "bajo vigilancia física que incluía investigación de vehículos y personal, violando su residencia y pirateando sus teléfonos y ordenadores".