Costó sangre, sudor y lágrimas, y sobre todo tragarse muchos sapos. Pero el pasado 13 de enero, finalmente, vio la luz el primer gobierno de coalición progresista desde la Segunda República. Llegó después de tres intentos fallidos, y el último especialmente sangrante para la izquierda española. Hoy se cumplen cien días de aquel 13 de enero que tomó posesión la coalición Sánchez-Iglesias, los que pocos meses antes se vetaban públicamente. Ha llegado la hora de los primeros balances, en un momento excepcional que ha acentuado las disfunciones: una España en estado de alarma por una pandemia global. Cuarenta de los cien días en tiempo de coronavirus.
Seguramente el avance imparable de la pandemia ha sido el termómetro más fiable de la fragilidad del gobierno de coalición. Llegó tarde y mal. El confinamiento se ha ido improvisando, con unas comunidades autónomas que han ido por delante, asumiendo un liderazgo no ejercido. La compra centralizada, sin experiencia en este mercado, ha obstaculizado el abastecimiento de material sanitario y ha llevado a fiascos como los de los tests y las mascarillas defectuosas. Las UCI han llegado a un nivel a punto del colapso. La tragedia de las residencias ha puesto de manifiesto todo lo que no se ha hecho. Con este balance, incluso el test|tiesto del CIS suspende la gestión del gobierno de coalición: el 47,8% de los españoles desaprueban al ejecutivo en esta crisis y hasta el 60% desconfía del presidente Sánchez. Y las mismas disputas dentro del ejecutivo han acabado de entorpecer la respuesta a la pandemia. Prometieron unidad y ya ha quedado en un cajón.
El mejor ejemplo es el del ingreso mínimo vital, que los dos socios plasmaron en el acuerdo del gobierno de coalición. Tenía que ser anunciado hace una semana en una rueda de prensa conjunta de Pablo Iglesias y José Luis Escrivá, que son los que trabajan en la medida. Al menos eso es lo que trasladó el entorno de Iglesias a los periodistas a golpe de Telegram. Escrivá se enteró el mismo día de la supuesta presentación, y a través de la prensa. Finalmente no hubo presentación. Tampoco hubo "ingreso mínimo vital puente", hecho público por el equipo del vicepresidente a los medios. Al final Sánchez e Iglesias han pactado que esta renta mínima llegue en mayo. Mientras Unidas Podemos dice que aquel mes ya se podrá cobrar, el PSOE se limita a decir que durante la segunda quincena irá al Consejo de Ministros.
La pandemia ha sido el termómetro más fiable de la fragilidad del gobierno de coalición
No es el único ejemplo que ha dejado al descubierto la pandemia. Si las primeras medidas económicas no llegaron con el decreto de estado de alarma, después del Consejo de Ministros más largo de la historia de la democracia, fue por las fuertes discrepancias entre la vicepresidenta económica Nadia Calviño y el vicepresidente social Pablo Iglesias. El choque entre cumplir con la estabilidad presupuestaria y hacer políticas sociales ambiciosas. El PSOE no quería ir tan lejos como Unidas Podemos. Un episodio similar al del ingreso mínimo se vivió con la paralización de los desahucios y las ayudas a los inquilinos, en las que trabajaba el ministerio de José Luis Ábalos. Fue Unidas Podemos quien 24 horas antes de su aprobación difundió un borrador –que no acabó siendo el definitivo– y se colgó la medalla por haber conseguido prohibir los desahucios y distinguir pequeños y grandes propietarios. Eso sí, finalmente son "pequeños propietarios" hasta los diez inmuebles. En el fondo todo iba de una guerra soterrada por el relato, para colgarse la medalla y capitalizar los pequeños avances.
El consentimiento sexual, el primer 'round'
Un par de meses antes pasó lo mismo con la ley de libertades sexuales, la del "sólo sí es sí", el gran proyecto de la ministra Irene Montero. La norma llegó después de que Montero consiguiera arrebtar las competencias de Igualdad a la vicepresidenta Carmen Calvo, algo que hizo mucho daño. Y fue acompañada de una guerra de filtraciones. Tras conseguir llevarla al Consejo de Ministros, Unidas Podemos lo planteaba en términos casi bélicos, asegurando que "habían ganado la batalla a Calvo". Apuntaban contra el ministro Juan Carlos Campo: "A este ministro de Justicia hace falta obligarlo para hacer avances feministas, esta será una de las batallas esta legislatura". Pablo Iglesias llegó a tildarlo de "machista frustrado". La respuesta del Ministerio de Justicia: filtrar el informe de alegaciones técnicas a Igualdad. Guerra abierta entre ministerios. El departamento de Campo advertía de una "inadecuada técnica legislativa", con "contenidos normativos que no requieren rango de ley". También ponían sobre la mesa que "no queda clara la delimitación con la ley integral contra la violencia de género", que había artículos duplicados de otras leyes vigentes e incluso recomendaba utilizar palabras que estuvieran recogidas por el diccionario de la RAE.
Algunos avances en materia laboral
A pesar de todo, sí que ha habido algún avance social, sobre todo en materia laboral. No en vano, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Galicia en Común, es la segunda ministra mejor valorada según el CIS, sólo superada por el "independiente" Pedro Duque. Hasta la pandemia, fue la dirigente gallega quien capitalizó los principales hitos del gobierno de coalición, hecho que ha generado muchos recelos en las filas socialistas. La de Trabajo fue una de las carteras que se negaron a ceder el verano pasado, y que llevó al fracaso de la investidura de Pedro Sánchez. A pesar de todo, la subida del salario mínimo interprofesional se ha quedado de momento en 950 euros, todavía lejos de los 1.200 euros a los que se comprometieron en el programa de gobierno. De la reforma laboral del PP sólo se ha derogado hasta ahora un artículo, el que permitía el despido de trabajadores por acumulación de bajas médicas. Este despido pasa a ser improcedente, pero no se prohíbe, como tampoco se prohíben los despidos por el coronavirus. Yolanda Díaz también formaba parte inicialmente de los ministerios que trabajaban en la renta mínima, pero ha sido sutilmente apartada. La mayoría de iniciativas se han visto paralizadas por la pandemia.
De mesa con Torra a mesa con Casado
El coronavirus también ha parado la promesa de diálogo bilateral con Catalunya. La legislatura empezó con la constitución —con retraso— de la mesa entre el Estado y la Generalitat en La Moncloa. Sólo se ha llegado a reunir una vez, hasta que estalló el virus con toda su fuerza. Desde entonces, Pedro Sánchez asumió el mando único y recentralizó competencias que hasta entonces gestionaban las comunidades desde hace décadas. El presidente español ya trabaja en una nueva mesa multilateral con todos los partidos para hacer frente a la covid-19, pero ni rastro de la bilateral. Cuando ERC pide que se reactive, la respuesta de La Moncloa es que habrá que esperar. Ahora prefiere sentarse con Casado antes que con Torra.
La derecha más extrema
En frente, el gobierno progresista de coalición ha encontrado la derecha más extrema desde la desaparición de Fuerza Nueva de las Cortes españolas. No sólo por la irrupción de los ultras de Vox, que con la repetición electoral se convirtió en la tercera fuerza del Congreso y normalizó su presencia, sino también por el efecto arrastre del centroderecha. En estos momentos cuesta distinguir el discurso de Pablo Casado del de Santiago Abascal. La división de la izquierda española es su combustible.