Isabel Díaz Ayuso lleva su batalla al terreno judicial. Según ha informado el gobierno autonómico, la Comunidad de Madrid interpondrá un recurso delante de la sala contenciosa del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar el cambio a la fase 1 de la desescalada por el coronavirus. Lo ha acordado en un Consejo de Gobierno extraordinario este miércoles por la tarde. El ejecutivo considera que "la resolución no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea en todo el territorio". Tampoco tiene "constancia" de que exista ninguno informe que motive el primer rechazo.
La semana pasada, Ayuso ya adelantó que estudiaba posibles acciones jurídicas contra la decisión del Estado. Lo hizo después de recibir, durante dos semanas seguidas, el rechazo del Ministerio a avanzar en la desescalada del confinamiento porque no cumplía todos los requisitos, siendo el principal foco de la pandemia en España. La presidenta madrileña ha insistido en este cambio de fase por motivos económicos.
Desde el ejecutivo aseguran que "no tienen constancia de que exista ningún informe que motive el rechazo a la petición, lo que podría suponer un defecto grave." Con respecto a la segunda petición, señalan que "el informe de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad es posterior a la comunicación de la decisión a la Comunidad de Madrid". También indican que "las razones que esgrime el informe para la denegación no tiene relación directa con los indicadores del llamado Plan para la transición a una nueva normalidad".
Por otra parte, desde la Comunidad de Madrid expresan "dudas razonables" sobre que los indicadores se estén aplicando "de manera homogénea" en todas las comunidades autónomas, cuestionando la decisión "desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad".
El gobierno de Ayuso esgrime que ya cumplía "los indicadores de salud, la capacidad de detección y seguimiento de nuevos contagios, así como la capacidad estratégica del sistema sanitario para hacer frente a un eventual rebrote" del coronavirus. Es por eso que consideran que el Ministerio "podría vulnerar varios principios y normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico".
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