El del coronel Diego Pérez de los Cobos ya es un nombre bastante conocido en Catalunya. Él fue quien lideró la respuesta represiva de la policía española al 1 de octubre del 2017. Como tal declaró contra los presos políticos en el Tribunal Supremo y contra el major Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional. Hoy el alto funcionario policial ha vuelto a ser noticia: el Ministerio le ha hecho saltar de su cargo como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Pero no ha tenido nada que ver con el 1-O, sino con otra fecha: el 8-M. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, y que ha destapado la guerra soterrada entre instituciones del Estado. Un acto en tres secuencias: informe, destitución y citación.
Los motivos alegados por el departamento de Fernando Grande-Marlaska son simplemente "pérdida de confianza". Fuentes del Ministerio señalan un detonante: la causa abierta en un juzgado de Madrid contra el Gobierno que relaciona la manifestación del 8-M con la propagación del coronavirus. La jueza encargó la investigación penal a la Guardia Civil, que De los Cobos ocultó a sus superiores por orden de la magistrada. Según estas fuentes, tanto el contenido "subjetivo" de este documento como su conocimiento a través de una filtración a los medios son los motivos que hay detrás de la destitución fulminante.
¿Qué decían las diligencias de la Guardia Civil? Que el Gobierno tenía información de la gravedad de la pandemia antes de la manifestación del 8-M. Concretamente apunta contra el doctor Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias, que suspendió un congreso evangélico tres días antes de la protesta feminista. En cambio, concluye el informe, La Moncloa no hizo nada ni para evitar esta concentración multitudinaria ni otras, como el congreso de Vox en el Palacio de Vistalegre. También recuerda que la Organización Mundial de la Salud había advertido del riesgo de los actos multitudinarios el 14 de febrero.
Esta mañana ha llegado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ha llegado a trabajar bajo las órdenes de cinco ministros del PP y el PSOE, por "pérdida de confianza" de Marlaska. Un par de horas más tarde, la jueza instructora Carmen Rodríguez-Medel ha respondido al ataque con otro: ha citado a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por un delito de prevaricación. Tendrá que comparecer el próximo 5 de junio. Aunque la magistrada no ve relación entre el 8-M y el contagio de coronavirus, mantiene la investigación abierta contra Franco por prevaricación.
Jueza vinculada a la Guardia Civil
La jueza al frente de la investigación no es una desconocida. De tendencia conservadora, miembro de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, es hija y hermana de guardias civiles (su hermano es el jefe de la Comandancia de Málaga). Su nombre incluso había sonado entre algunos medios para ser la nueva directora de la Guardia Civil en el último relevo, pero finalmente la plaza recayó en María Gámez. De su tendencia conservadora da fe su paso por la política, como asesora de Rafael Catalá, exministro de Justicia del gobierno Rajoy. Eso sí, también fue la instructora de los casos de los másters de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, a los que puso contra las cuerdas.
El 8-M, caballo de batalla de la derecha
Desde el estallido de la pandemia en España con todas sus dimensiones, un mantra ha sido muy repetido por la derecha contra el gobierno Sánchez-Iglesias: no haber impedido la manifestación del 8-M por motivos políticos. La aparición de la extrema derecha, que escora el discurso hacia posiciones ultras, ha contribuido. A día de hoy, van ganando en el frente de guerra: la jueza investiga al delegado del Gobierno por un supuesto delito de prevaricación fruto de la denuncia del abogado Victor Valladares, condenado por estafar a clientes. Y eso que la magistrada no ve probada la relación entre la manifestación y el contagio del virus.
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