El Departamento de Justicia ha denunciado que el Gobierno ha decidido asumir las competencias de coordinación de los equipos de funcionarios de los juzgados de Catalunya, según una orden ministerial publicada en el BOE.
El departamento remarca que eso implica que el ejecutivo del Estado será a partir de ahora la autoridad competente y establecerá criterios sobre prestación de servicios esenciales, dotaciones de personal y presencialidad, turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.
La consellera de Justicia, Ester Capella, lo ha tildado de "gran error" y lamenta la "imposición en lugar de colaboración".
Justicia no comparte ni el fondo ni en la forma esta medida, y la rechaza "frontal y contundentemente por inoportuna e innecesaria". Lamenta que se haya optado por la imposición en lugar de por la colaboración, y que se haya tomado esta decisión sin previo aviso.
También alerta que supone una marcha atrás en medidas de máxima prevención del coronavirus, y que implicará instrucciones homogéneas para todos los juzgados del Estado, sin atención a las especificidades de cada territorio.
El departamento asegura que seguirá dedicando todos sus recursos a su alcance a minimizar el impacto del coronavirus entre profesionales y usuarios, así como garantizar los servicios esenciales.