ERC vuelve a ser determinante en la acción política del Gobierno. Si el decreto de recuperación de la normalidad en el ámbito de la administración de Justicia ha salido adelante este miércoles ha sido gracias al voto favorable de los republicanos. A cambio de su convalidación han reclamado que el texto sea tramitado como proyecto de ley, para que se abra la negociación a los grupos, que puedan introducir enmiendas. Todo esto, una semana después que el ejecutivo perdiera el apoyo de Esquerra y firmara un acuerdo con Cs y el PNV para salvar la cuarta prórroga.
Sin ir más lejos, Ciudadanos ha votado en contra. También lo han hecho el PP, Vox, Junts per Catalunya y la CUP. El PNV lo ha hecho a favor. En este escenario, el ministro Juan Carlos Campo necesitaba que al menos los republicanos se pusieran bien. El decreto ha llegado al pleno sin la mayoría asegurada y finalmente lo han podido salvar: lo han hecho con 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones. Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
El decreto contempla medidas urgentes para cuando vuelva la actividad judicial, como habilitar parte del mes de agosto y celebrar juicios telemáticos. Se trata de una serie de medidas organizativas, procesales y normativas para "procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión".
Oposición de abogados
El Consejo de la Abogacía Catalana ha rechazado "contundentemente" habilitar días en agosto porque dificulta la conciliación y afecta al derecho al descanso. En un comunicado, consideró "del todo incongruentes e inapropiadas" las medidas establecidas en el Real Decreto Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19. Añadía que se quiere utilizar el paro "para hacer frente a la incorrecta articulación del cuerpo judicial para resolver el colapso endémico de la justicia". El Consejo de la Abogacía se mostró dispuesto a hacer "lo que corresponda" para paliar los efectos de la crisis en la justicia, pero pidió "el mismo tratamiento" que en el resto de operadores jurídicos, garantizando el derecho al descanso y a conciliación.
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