El ingreso mínimo vital ya es una realidad a todos los efectos. Después de ser aprobado en el último Consejo de Ministros del mes de mayo, el decreto ha pasado este miércoles el último de los filtros, el del Congreso de los Diputados, que lo ha convalidado con una muy amplia mayoría, inédita en estos tiempos de polarización que corren. Sólo se ha abstenido la extrema derecha de Vox, que amagó de votar en contra y que durante los últimas días vuelto a atizar el discurso racista para oponerse a esta prestación. El PP finalmente ha aclarado la incógnita y también ha votado a favor. Será tramitado como proyecto de ley.
Después de debatirlo, la iniciativa ha salido adelante esta tarde previsiblemente con 297 votos a favor y 52 abstenciones. El sí ha sido transversal, desde los principales aliados del gobierno Sánchez-Iglesias, como ERC, el PNV y Más País, hasta el PP y Ciudadanos, pasando por JxCat y la CUP. Era uno de los compromisos del gobierno de coalición desde el principio de la legislatura. La crisis del coronavirus ha acelerado su puesta en marcha, a partir de este mes de junio con carácter retroactivo.
El vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha defendido delante del Congreso que "es el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia en el 2006". Ha asegurado que es "una medida de pura justicia social" y ha criticado que es "indignante escuchar a algunos hablando de paguita". El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha subrayado cómo las transferencias de este tipo "consiguen reducir notablemente la pobreza severa" en los países europeos.
Como en los últimos días, desde Vox han vuelto a alertar sobre el "efecto llamada" que supuestamente estaría creando el ingreso mínimo vital, provocando la llegada masiva de inmigrantes al Estado español. En eso ha basado su oposición al decreto. Además ha reclamado que sea temporal y no un "subsidio perpetuo". Ha llegado a decir que el IMV forma parte del "pacto con el diablo", refiriéndose al vicepresidente Pablo Iglesias. Al final se ha acabado absteniéndose "porque los españoles necesitan ayuda".
El PP finalmente se ha puesto bien. Eso sí, ha pedido la tramitación como proyecto de ley para enmendarlo. Quieren vincularlo a la búsqueda activa de empleo, "centrado sobre todo en los afectados por la crisis de la covid" y crear una "tarjeta social única para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el rigor en el sistema de ayudas".
La mayoría de grupos también han señalado carencias e insuficiencias de esta prestación, y que esperan mejorar con la tramitación como proyecto de ley. También han reclamado que sea gestionado desde las comunidades, com en el País Vasco y Navarra, empezando por los partidos independentistas catalanes.
¿Qué implica y quién lo puede solicitar?
El Ingreso Mínimo Vital se podrá solicitar a partir del 15 de junio e irá entre los 462 y los 1.015 euros mensuales para el solicitante, dependiendo de la composición del hogar como si hay menores a cargo o cuántas personas conforman el núcleo familiar. De esta manera, se prevé que llegue a un total de 850.000 hogares -el 16% de los cuales son monoparentales- con un impacto aproximado de 2,3 millones de personas. Al mismo tiempo, 100.000 de estas la recibirán de oficio a finales de este mes de junio sin necesidad de tener que hacer los trámites de solicitación. La prestación costará anualmente a la Seguridad Social unos 3.000 millones de euros.
Si bien la crisis por el coronavirus ha acelerado la creación de esta prestación que Iglesias hace meses que promete y reclama, el acceso a la prestación dependerá "exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona" que lo solicite, motivo por el cual, dada la crisis de la pandemia, mucha más gente tendrá los requisitos para recibirlo. ¿Cuáles son? Con respecto a los ingresos, los totales del año anterior tienen que ser inferiores a la renta garantizada anual. De esta manera, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos el año anterior no tienen que superar los 10.500 euros. Con todo, también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que en términos anuales estarían por debajo de la renta garantizada. Eso permitirá atender a las personas que se hayan visto abocadas a la pobreza debido a la pandemia.
Es compatible con otros ingresos, incluidos los laborales, cosa que permite ampliar la prestación a hogares con ingresos muy bajos y evitar la trampa de la pobreza. De esta manera se rebate la principal crítica a los reticentes de esta política, que consiste en el desincentivo que puede crear una prestación cuando una persona se ve obligada en escoger entre trabajar o cobrar la prestación.
Gestión en el País Vasco y Navarra, pero no en Catalunya
El PNV ya consiguió pactar con el gobierno de Sánchez la transferencia de la gestión del IMV en el País Vasco y en Navarra, de manera que serán las únicas comunidades que podrán dirigir la puesta en marcha. Catalunya, aunque lo ha pedido varias veces, "todavía no". "Quizás en una segunda fase, ahora lo que nos interesa es ir muy rápidos", decía el ministro de Igualdad José Luís Escrivá hace unos días.
De momento, el gobierno central es reticente a dejar correr la cría, al menos hasta el 2021. "Esta posibilidad la concretaremos cuando esta fecha se vaya acercando", pero será en "una segunda fase cuando se converse con los gobiernos autónomos para que lo puedan gestionar" porque ahora "lo prioritario es llegar al mayor número de hogares", aseveraba el ministro.
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