La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Asimismo mantiene la declaración de Franco prevista para este miércoles.

En una resolución, que todavía se puede recorrer ante la Audiencia Provincial de Madrid, la jueza rechaza la petición de nulidad de las actuaciones, su paralización y la indefensión de Franco. Concretamente, precisa que el estado de alarma no ha objetado la tramitación ordinaria del procedimiento y concluye que "no puede prosperar la alegación que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada".

La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron este lunes que se archivara la causa contra el gobierno español y contra Franco. A la vez, Rodríguez-Medel también rechaza la acusación de no dar trámite a los recursos de la Fiscalía y la Abogacía y sugiere que esto ha pasado porque las partes se han acogido la posibilidad de alargar los plazos, lo cual era posible gracias al estado de alarma.

En este sentido, la magistrada defiende que "es una cosa notoria" que los juzgados de instrucción, o al menos el suyo, han continuado tramitando causas durante el estado de alarma y, por lo tanto, ha continuado escuchando a peritos, testigos, investigados, ya fuera por videoconferencia o de manera presencial.

En otro punto, la juez rechaza la pretensión de los servicios jurídicos del Estado, apoyados por la Fiscalía, porque los recursos que ha interpuesto en defensa de Franco paralicen la investigación hasta que sean resueltos.

Crítica a la Abogacía

"Somos de la opinión que aplicar una regla diferente a la prevista en la ley a los recursos de la Abogacía del Estado no tiene amparo ni legal, ni constitucional, porque supondría un trato favorable para este investigado —el delegado del gobierno español en Madrid— en relación con las otras partes del procedimiento", agrega la magistrada.

Por otro lado, la juez Rodríguez-Medel también rechaza el intento de la Abogacía del Estado de que no se recojan las recomendaciones e instrucciones que pudo dar Franco al personal de la Delegación del gobierno español en relación con la Covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2020.

La instructora remarca que "estas instrucciones internas no son objeto de investigación", algo que ella misma ya ha "concretado en resoluciones anteriores", pues sí que lo son las "decisiones en materia de concentraciones/manifestaciones". Sin embargo, cree que esto "no impide recaudar" estas recomendaciones de Franco, puesto que las considera "útiles para la investigación", porque "permiten determinar el grado de conocimiento y alerta sobre la Covid del investigado y esto puede ser relevante para valorar las decisiones que adoptó en materia de concentraciones y manifestaciones".