España es un país entregado al turismo, el motor esencial de la economía del país que ha ido en aumento en detrimento de la industria. Esta realidad hace que la crisis derivada del coronavirus sea más preocupante. Una de las primeras consecuencias que ha tenido que afrontar el Gobierno es la inversión en la compra de material sanitario en el extranjero, que ya ha costado más de un disgusto.
Los precios y la voracidad de los mercados internacionales se han disparado y España ha sido víctima. El Estado ha tenido que devolver miles de kits de pruebas rápidas que habían resultado ser defectuosas y ahora tiene que reclamar el dinero. No ha sido la única operación fallida. La última ha sido la obligación de retirar todo un lote de mascarillas que se habían adquierido a un intermediario chino que tampoco cumplían con la normativa exigida. Como consecuencia, centenares de profesionales sanitarios que las habían utilizado han tenido que ser aislados. Todo ello dificultado y ralentizado la capacidad de respuesta ante la pandemia.
Las autoridades sanitarias explican desde hace semanas que para planificar el desconfinamiento de la población es imprescindible empezar a hacer pruebas de Covid-19 de forma masiva a la ciudadanía, pero hasta hace poco no ha empezado a llegar el material necesario. El estudio de inmunidad del Gobierno no empezará, por ejemplo, hasta el próximo lunes y se alargará todavía un par de meses.
La situación vivida ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reconocer públicamente que "una de las lecciones" que hay que extraer de cara al futuro a raíz de esta crisis es que hace falta que España tenga "capacidad de auto abastecimiento e industria propia", para evitar ser víctima de la especulación de los mercados, como ha pasado con la adquisición de equipos de protección. Así lo ha afirmado Sánchez durante su réplica en el Congreso a la petición de Gabriel Rufián de regular y limitar los precios del material sanitario.