Haber actuado tarde y mal a pesar de tener información de primera mano de cómo se estaba ensañando la enfermedad en otros países del mundo como China o Italia. Es la razón principal a la que se acoge la querella que la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena ha presentado contra el equipo de gestión técnica del coronavirus, que encabeza el doctor Fernando Simón.
El escrito, presentado en el juzgado de instrucción de Madrid, argumenta que las autoridades sanitarias españolas no informaron a la opinión pública de las medidas que había que adoptar antes de que la situación fuera a peor y se volviera descontrolada. Una crítica que muchos científicos hacen extensiva al conjunto del Gobierno y a la principal cara visible de Sanidad, el ministro Salvador Illa.
La denuncia pone el acento en que "los querellados" contaban con informes sobre la evolución de la pandemia a través de las instituciones internacionales como la OMS y conocían también la casuística propia de España, con convocatorias de acontecimientos masivos previstos como la manifestación del 8 de marzo. En este sentido, la acusación cuestiona que no sólo no se avisara a la población de los peligros, sino que se animara a asistir a actos masivos. Al fin y al cabo, concluyen, una actuación negligente, una imprudencia temeraria, que puso en riesgo —dicen— a los ciudadanos, tanto por el hecho de no confinarlos como por no haber anticipado la compra de material sanitario imprescindible.
El supuesto delito que atribuyen a los responsables técnicos del ministerio es el de homicidio imprudente y lesiones. La querella es contra el coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, y el secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Salud, Faustino Blanco.