En el Palacio de La Moncloa había mucha, mucha inquietud acerca del fondo europeo del coronavirus. Especialmente después del fracaso de Nadia Calviño en el Eurogrupo, una victoria que daban prácticamente por hecha después del apoyo de dos potencias como Alemania y Francia. Antes del Consejo Europeo, el equipo internacional de Pedro Sánchez vendía optimismo, sí, pero también avisaba que la negociación sería muy y muy compleja. Especialmente con los llamados países frugales, encabezados por Holanda. "Garantías no hay ninguna", admitían desde el ejecutivo. Finalmente han conseguido llegar a la meta, pero en un largo trayecto de renuncias y cesiones. El único objetivo que ha alcanzado el presidente español es que se aprobara cuanto antes, en julio. El acuerdo beneficia a España, pero perdiendo piezas a cada colada.
El planteamiento inicial de España partía de un fondo de recuperación de un billón y medio de euros, que finalmente la Comisión Europea rebajó a la mitad, unos 750.000 millones de euros que también han estado a punto de peligrar en las últimas horas. El gobierno Sánchez-Iglesias también planteaba muchísimo más peso de los subsidios por encima de los créditos; al final, la proporción entre una cosa y la otra será próxima al 50-50%. Como ejemplo, el dinero que recibirá el Estado español: 72.000 en transferencias y 68.000 en préstamos. Finalmente, Sánchez quería evitar que un solo país pudiera vetar los planes de reforma de otro país. Para tranquilizar al holandés Mark Rutte, se ha aumentado el control por parte de la Comisión Europea. No sólo eso: uno o varios países podrán elevar sus dudas a una cumbre de líderes. El pago de las transferencias se congelará hasta que se haya abordado la cuestión. Renuncias en dimensión, en reparto y en condicionalidad. El sur se ha tenido que mover mucho más que el norte.
La diplomacia española no acabó de funcionar en la candidatura de Calviño al Eurogrupo y no lo ha hecho tampoco ahora. El mismo Sánchez, a horas del Consejo Europeo, visitó algunos de los países más hostiles a la visión española, los llamados frugales. Se reunió con el liberal holandés Mark Rutte y el socialdemócrata sueco Stefan Löfven. Una gira europea que sólo sirvió para confirmar sus temores. El más claro fue Löfven, que a pesar de ser de la misma familia política le advirtió (en rueda de prensa conjunta): "El fondo tiene que estar destinado a créditos, no a subsidios". El presidente español acababa el tour admitiendo que habría "cesiones y renuncias".
Después del acuerdo en plena madrugada en Bruselas, la consigna de La Moncloa era clara: el pacto es "histórico" y un cambio de paradigma de la Unión Europea. Pedro Sánchez incluso ha hablado de un "auténtico Plan Marshall". No obstante, ha admitido también que estaba satisfecho "al 95%". Lo mismo le ha ocurrido a Pablo Iglesias, que ha confesado que ha quedado un poco lejos de sus pretensiones. Aun así, el vicepresidente ha garantizado que el programa de gobierno de coalición no se altera y que no habrá recortes como después de la crisis del 2008. Habrá que esperar unos meses para ver si se cumple o no, y las eventuales tensiones que eso genere entre los socios del ejecutivo. De momento, aplauso a Sánchez a su llegada de Bruselas. Los dos partidos proclaman que no es como la anterior crisis.
Todavía no llegará el dinero
De momento, se ha cumplido el primero de los pasos: la aprobación de los 27 líderes de la Unión Europea. La previsión es que los recursos empiecen a distribuirse a principios del año que viene, pero todavía tendrán que superar un laberinto de instituciones. Ahora tendrá que pasar por el Parlamento Europeo, que ha celebrado el pacto a pesar de considerarlo insuficiente (pedía dos billones de euros y mucho más peso de las transferencias). A continuación, los parlamentos de todos los Estados miembros tendrán que aprobar la modificación del marco de los recursos propios de la UE. Y antes de que empiece a llegar el dinero, los gobiernos tendrán que presentar sus planes de reformas, que tienen que estar alineados con las recomendaciones de la Comisión Europea. Tendrán que ser aprobados por una mayoría calificada de los 27.