El caos a la Comunidad de Madrid en la segunda ola del coronavirus ha hecho saltar muchas alarmas. Especialmente ante la gestión errática de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Frente a ello, algunos sectores piden medidas contundentes contra su gobierno. Es el caso de Izquierda Socialista, una corriente interna del PSOE madrileño, que reclama "la aplicación inmediata del artículo 155 en la Comunidad de Madrid. En un comunicado, este sector denuncia que las nuevas medidas planteadas de confinamiento parcial de algunos barrios populares "representan un ejemplo más del rechazo a los pobres del gobierno Ayuso-Aguado sustentado por Vox". Este mismo mediodía se reúnen Pedro Sánchez y Ayuso en la Puerta del Sol.

En el documento, Izquierda Socialista sostiene que "ninguna de las medidas necesarias para controlar la pandemia planteadas por los expertos tanto a nivel nacional como internacional, así como por la OMS, se han puesto en práctica por su gobierno, que tiene las responsabilidades en sanidad, dependencia y educación desde el siglo pasado". Le acusa de "desviar la atención de lo realmente importante: nos está matando, porque nos deja morir sin implementar medidas que palien los contagios".

Entre otras cosas, la corriente del PSOE denuncia la falta de material, las "muertes masivas" en residencias de la tercera edad, la falta de rastreadores, el abandono de los centros de atención primaria y de los hospitales, el "despilfarro en instalaciones innecesarias" como el hospital de campaña de IFEMA o el retraso en los resultados de las pruebas PCR practicadas.

Por todo ello, Izquierda Socialista de Madrid considera que "es urgente la intervención por el Estado de la comunidad autónoma a partir del procedimiento para llevar al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución". Y descarta otros escenarios: "El confinamiento selectivo de los barrios obreros es la medida que ha dejado obsoleta la presentación de una moción de censura". El comunicado constata que incluso el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, "ha pedido ayuda para resolver su propia incompetencia y ha llegado el momento de dársela".

La corriente también reclama que las aportaciones del Estado para paliar los efectos sean "controladas para garantizar que no acaben en el bolsillo de algún empresario o en la cuenta de beneficios de un fondo de inversión en un paraíso fiscal. Y concluyen de forma contundente: "¡No vamos a consentir que nos eliminen en guetos!".