El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha dirigido por carta al president, Quim Torra, y a la consellera de Justicia, Ester Capella, para advertirles que no puede haber discriminaciones en el cumplimiento de las instrucciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales sobre el confinamiento de los reclusos en sus domicilios para reducir la población penitenciaria a raíz del coronavirus. Ribó advierte que los nueve codenados por el procés también tienen que poder beneficiarse de estas medidas.
La conselleria de Justicia comunicó ayer que 15 presos que disponen de permiso para salir a trabajar o hacer voluntariado dentro del artículo 100.2 del reglamento penitenciario podrán seguir el confinamiento desde sus casas. No obstante, los presos condenados por el procés han quedado excluidos de esta autorización. Esta decisión se adoptó después que el Supremo advirtió a los responsables de los centros penitenciarios i de las respectivas juntas sobre las posibles consecuencias de autorizar la salida de los presos del procés.
En la carta enviada a Torra y Capella, Ribó recuerda que se han pronunciado sobre el confinamiento de los presos fuera de los centros la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pero también los subcomité para la prevención de la tortura de la ONU y el comité de prevención de la tortura del Consejo Europa así como el relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Boris Cilevics.
El Síndico recomienda la progresión al tercer grado de todas las personas que disfruten del 100.2 siempre que se constate la capacidad para llevar un régimen de vida en semilibertad, con un perfil de escasa peligrosidad y riesgo bajo de reincidencia y que dispongan de un apoyo familiar o social.
"Esta medida se tiene que adoptar de manera generalizada y sin incurrir en ninguna forma de discriminación entre las personas internas" por lo cual "tendría que beneficiar a las nueve personas condenadas por la sentencia del Supremo" por el procés.
Por esta razón, el Síndic pedir a Torra y Capella conocer el comportamiento del Govern sobre esta cuestión y si existen instrucciones de otras autoridades en otro sentido.
Al ser interrogada sobre la decisión de las juntas de no permitir el confinamiento de los presos políticos en sus domicilios, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, se ha limitado a remitirse a las declaraciones sobre esta cuestión de la consellera de Justícia además de lamentar "los intentos de presión, coacción y amenaza por parte del Supremo sobre los trabajadores públicos".