Hay carreras para desescalar cuanto antes. Hasta quince comunidades autónomas han propuesto que todas sus unidades territoriales pasen de la fase 0 a la fase 1 el próximo lunes 11 de mayo. Así lo han trasladado al ministerio de Sanidad, que en virtud del mando único tiene la última palabra. Sólo hay dos excepciones en este sentido: Catalunya y Castilla y León. Incluso la Comunidad de Madrid, a pesar de ser el principal foco de contagio, ha reclamado el cambio de fase. Salvador Illa tomará la decisión final después de conocer el informe técnico de Salud Pública, muy probablemente entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana.

A diferencia del resto, Catalunya sólo propone que avancen a la siguiente fase tres de las nueve regiones sanitarias: las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y Alt Pirineu i l'Aran. Las otras seis continuarían en fase cero. Por su parte, el gobierno de Castilla y León sólo propone 26 de las 247 áreas sanitarias para la siguiente etapa del desconfinamiento. Otro caso es el de Andalucía, que ha propuesto que las ocho provincias pasen de fase, pero con restricciones en los distritos centrales de Granada y Málaga.

En el lado contrario, Aragón está negociando que incluso algunas de sus comarcas pasen directamente a la fase 2, por la ausencia de casos y la baja densidad de población. El gobierno aragonés lo está negociando con el ministerio de Sanidad.

El caso más polémico es el de la Comunidad de Madrid, la región española con más casos positivos y defunciones por coronavirus. Sin embargo, el gobierno autonómico ha propuesto pasar a la siguiente fase. La presidenta Isabel Díaz Ayuso inicialmente expresó sus dudas, pero el vicepresidente Ignacio Aguado defendió que estaba preparada. Prevén generalizar el uso de mascarillas en la vía pública.

En rueda de prensa este jueves en La Moncloa, el doctor Fernando Simón ha indicado que "probablemente o el viernes por la noche o el sábado tendrá que estar tomada la decisión". La decisión la adoptará el ministro Salvador Illa "de acuerdo con las comunidades autónomas" y después de valorar un "informe técnico específico" elaborado por un equipo de doce personas de la dirección general de Salud Pública.


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