Toque de atención del Tribunal Supremo al gobierno de España. A raíz de una petición de la Confederación Estatal de Sindicats Metges (CESM), la sala tercera ha dictado una medida cautelar para el ministerio de Sanidad por la cual lo obliga a "adoptar todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario".
No sólo eso, además, a partir de ahora el alto tribunal hará un seguimiento de cómo está funcionando el abastecimiento. En este sentido, pide al Gobierno que cada quince días informe de los medios que ha puesto a disposición de los centros hospitalarios y de qué manera se ha repartido entre las comunidades autónomas.
Sin embargo, desde el Supremo aclaran que "en este momento no procede analizar si hay una inactividad de la administración". Es decir, que de momento se abstiene de pronunciarse sobre si el Gobierno está fallando en la gestión de la crisis sanitaria. De momento, lo que se ha tomado es una medida cautelar, a la espera de resolver "el fondo del asunto".
Mientras la sentencia no llega, y teniendo en cuenta el interés público esencial de "preservar la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios", se extremará la vigilancia del sistema de reparto de material del gobierno Sánchez.
El CESM denunció hará un mes que el ministerio de Sanidad incumple uno de los artículos del estado de alarma, según el cual debe suministrar a los centros hospitalarios y asistenciales batas impermeables, mascarillas reglamentarias, gafas de protección y contenedores de residuos.