Joan Coscubiela siempre ha protagonizado polémicas contra algunos rostros del independentismo. Cuando era activo en Twitter, había mantenido un fuego cruzado con otros perfiles como el también exdiputado Antonio Baños. Ahora sigue poniendo en la diana de sus críticas la voluntad soberanista de estos a través de la radio: "Los independentistas están avergonzados de lo que pasó", ha dicho en declaraciones a Aquí Cuní de Ser Catalunya.
Las declaraciones no son casuales. Coincidiendo con el cuarto aniversario de los plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017 que sirvieron para aprobar las leyes de desconexión, Coscubiela radiografía la progresión que él ve desde entonces: "De aquel momento estelar, del 6 y 7, que lo era para todo el movimiento independentista, se ha pasado a una situación curiosa: ha desaparecido del relato independentista como si no existiera. Y es evidente que no existe en su relato porque se sienten avergonzados por lo que pasó y muchos te lo reconocen. Es un problema no reconocer el 6 y 7 porque sin estos no hubiera existido el 1 de octubre y, por lo tanto, están en falso".
El exdiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds y, durante aquel septiembre del 2017, portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, reitera su crítica hacia lo que se vivió en el Parlament de Catalunya.
Los comunes trataron de situarse justo en medio de los dos bloques. Aunque no obstaculizaron ni la tramitación ni el debate de las leyes, sí que fiscalizaron de cerca a la mayoría independentista. Coscubiela advirtió durante una de las reuniones de la Junta que "si se pretende hacer un referéndum, la tramitación de su norma reguladora se tiene que hacer con las máximas garantías y no es aceptable que se vulneren los derechos de las minorías parlamentarias". El grupo parlamentario acabó partiéndose en dos en pleno debate parlamentario.
Para entender todo lo que pasó el 6 y 7 de septiembre del 2017 en el Parc de la Ciutadella hay que remontarse a febrero de aquel mismo año, cuando el grupo de Junts pel Sí registró una reforma del reglamento del Parlament. El objetivo era el de introducir la tramitación por lectura única, una "vía express" que, por acuerdo de dos grupos, permitiría saltarse todos los trámites parlamentarios y aprobar las leyes de desconexión en un solo debate. La voluntad era la de intentar driblar la ofensiva del Estado.
La reforma fue aprobada en julio, antes de vacaciones. Pero el Tribunal Constitucional suspendió inmediatamente la reforma, después de que el gobierno de Rajoy la impugnara, haciendo uso del automatismo que lo permite. Eso hizo que, durante el pleno del 6 y 7 de septiembre, el independentismo tuviera que recurrir a otra vía. Una vez pasado el temporal, en noviembre, el TC avaló la reforma del reglamento, diciendo que la lectura única era constitucional si se respetaba el trámite de la introducción de enmiendas, que se respetó igualmente.