El Parlamento Europeo debatirá y votará la semana que viene una resolución sobre la posible violación de los derechos de los niños y el presunto uso de los menores por parte de las autoridades marroquíes durante la llamada crisis migratoria en Ceuta. En medio de la controversia por la expulsión en caliente y sistemática de menores durante la crisis, Europa elige apoyar al Estado español.
Tal como figura en el programa oficial, los europarlamentarios debatirán el jueves que viene los recientes acontecimientos en Ceuta, cuando miles de jóvenes marroquíes consiguieron atravesar la frontera con las dos ciudades autónomas.
Más concretamente, la Eurocámara votará para decidir si la supuesta utilización y aliento de los centenares de niños a atravesar la frontera por parte de las autoridades marroquíes supone una vulneración de la Convención sobre los derechos del niño de la ONU. Al acabar el debate, el pleno votará una resolución donde resumirán sus conclusiones.
El interés europeo
Desde el comienzo de la crisis migratoria de mediados de marzo, la Comisión Europea ha reiterado en varias ocasiones su apoyo a España después de que Rabat relacionara esta crisis migratoria con la posición española sobre el Sáhara Occidental. Más concretamente, la UE depende de las fronteras de España con el continente africano para evitar el movimiento de personas migradas hacia la Europa continental, un 'servicio' por el cual el Estado cobra decenas de millones de euros el año, y que a su vez, también se reparte con el Marruecos para mantener las fronteras vigiladas.
"La frontera de Ceuta es una frontera europea y la UE es solidaria con España" es la frase que han repetido una vez y otra diferentes dirigentes comunitarios, que dejaron en manos de la Moncloa la gestión de esta crisis con Rabat. Bruselas también ha repetido que la UE tiene una posición "muy firme sobre el Sáhara occidental" y que "permanece invariable".
Además, la Unión ha pedido una reanudación inmediata de las negociaciones con las Naciones Unidas para "encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, conforme con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la 2548 adoptada el 30 de octubre de 2020".
Investigan al Ejecutivo español
Paralelamente, la Fiscalía ha decidido abrir diligencias de investigación por las expulsiones exprés de menores durante la crisis migratoria, ya que la legislación establece la prohibición de devoluciones en caliente para personas menores de 18 años que entren irregularmente en territorio español. A diferencia de los adultos, cuyas expulsiones han sido avaladas por el TC y el TEDH, los menores tienen una protección especial por parte de la legislación española e internacional. Esta expulsión sólo puede realizarse con el previo contacto con los padres del niño, si se confirma la voluntad del joven de volver a casa y se demuestra que eso garantiza la protección del interés superior del menor.
Acusaciones mutuas
En declaraciones recientes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que es "absolutamente inaceptable" que Marruecos haya podido atacar las fronteras" de Ceuta con el asalto de miles de personas como manera de protestar por un problema de política exterior. De la misma manera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también utilizó un lenguaje similar y culpó directamente al país africano de enviar menores a las fronteras.
Por su parte, los marroquíes denuncian el tratamiento del Estado hacia los millares de niños no acompañados llegados a la frontera con España.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta estima que todavía quedan unas 3.000 personas "vagando" por las calles, entre ellas muchos menores, de las más de 10.000 que entraron en la ciudad por el espigón fronterizo con el Marruecos durante las jornadas del 17 y 18 de mayo. Las autoridades aseguran que en la actualidad tienen contabilizados unos 1.160 menores y que se está trabajando para poder habilitar nuevas naves en el polígono industrial del Tarajal para albergar a los inmigrantes que todavía permanecen en las calles para que tengan "una atención digna".