La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este martes una discutida y restrictiva ley de inmigración, que ha tenido los votos de la ultraderecha, en una votación que amenaza con generar una crisis política en el Gobierno del presidente Emmanuel Macron. El texto ha sido aprobado por 268 votos a favor (los del bloque macronista, los conservadores de LR y la ultraderecha del RN) y 186 en contra, básicamente de la coalición izquierdista Nupes. Se trata de una mayoría "muy amplia", ha afirmado al final de la sesión el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que ha subrayado su satisfacción por el hecho de que el bloque macronista, el más numeroso pero que no tiene mayoría absoluta, ha mantenido su unidad.
El texto votado es producto de un acuerdo alcanzado este mismo martes en una comisión mixta Asamblea-Senado, en la que había una clara mayoría de la derecha, y que endurece la propuesta inicial y se parece mucho a la que había aprobado inicialmente la Cámara Alta, de mayoría conservadora. El golpe de efecto ha llegado cuando la líder ultraderechista Marine Le Pen ha anunciado que su partido (Agrupación Nacional, RN) apoyaría el texto y ha tratado de apropiarse de su aprobación, al proclamar "una victoria ideológica".
Darmanin, ha denunciado que esas declaraciones solo eran "un golpe político", ya que el RN cede finalmente en su política de no aceptar más inmigrantes de fuera de la Unión Europea. El texto es "imperfecto", pero "permite la regularización de trabajadores sin papeles", unos 10.000 por año, en sectores económicos en tensión, señaló Darmanin ante el pleno de la Asamblea antes de la votación, donde ha criticado a la ultraderecha por aceptar un acuerdo que antes rechazaba con el objetivo de tender "una trampa política".
Darmanin también ha recordado a los diputados macronistas que, si mantenían la disciplina de voto, la aprobación sería independiente del respaldo de la ultraderecha. Un total de 189 diputados del bloque de partidos macronistas han votado a favor, 27 en contra y 32 se han abstenido. Por ello, los legisladores del RN han permitido la aprobación de la ley, ya que si sus 89 diputados hubieran votado en contra el texto habría sido rechazado. Aun así, la primera ministra, Élisabeth Borne, ha proclamado en X que "la mayoría ha hecho un bloque. El RN ha fracasado".
Amenazas de dimisiones
Desde el Gobierno se ha indicado que Macron hablará este miércoles al país, en un formato aún no decidido, para tratar de cerrar esta minicrisis. El acuerdo ha disgustado al ala izquierda del macronismo, y tres de los ministros que representan a esa tendencia (los de Sanidad, Enseñanza Superior y Vivienda) amenazaron con dimitir si el proyecto de ley era aprobado. Los tres se han reunido con los titulares de Cultura e Industria, y con el presidente de la Comisión de Leyes de la Asamblea, de cara a una posible dimisión conjunta.
Ante esto, Macron convocó una reunión de urgencia en el Elíseo con la primera ministra y con los presidentes de los partidos que integran su bloque, así como con los jefes de grupo parlamentario de esas formaciones. En esa reunión se acordó no retirar el texto alcanzado pero, en cambio, se abrió la posibilidad de una segunda lectura si el proyecto de ley salía adelante gracias a la ultraderecha del RN.
¿Qué dice el texto?
El texto acordado limita a 10.000 trabajadores anuales, pero no bloquea, el objetivo del Gobierno de regularizar a los inmigrantes indocumentados que se desempeñen en sectores que no encuentran mano de obra, como la construcción o la hostelería. Además, extiende a cinco años desde los actuales seis meses, el período de espera a que los inmigrantes legales extracomunitarios pueden solicitar ayudas para la vivienda o de carácter familiar.
También se suprime el derecho automático al trabajo para los solicitantes de asilo (actualmente hay un período de espera de seis meses). Otro elemento es que se endurecen las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes extranjeros. Adicionalmente, se establece el objetivo de crear cuotas de inmigrantes anuales, se crea el delito de residencia ilegal en suelo francés, penado inicialmente con fuertes multas, y se prevé la retirada de la nacionalidad a los binacionales que cometan ciertos delitos. En cambio, se prohíbe el ingreso de menores de edad en centros de detención administrativa para inmigrantes indocumentados y se aumentan las penas para los traficantes de inmigrantes.
Se trata de "el texto más regresivo" en las últimas décadas, han lamentado en una declaración conjunta varias decenas de ONG que trabajan con inmigrantes o de defensa de los derechos humanos. El líder histórico del izquierdista La Francia Insumisa (LFI, Jean-Luc Mélenchon), ha denunciado que no hay "una urgencia" migratoria para aprobar este texto y ha recordado que Francia necesitará inmigrantes para compensar el envejecimiento de su población.