La infanta Cristina de Borbón será juzgada como el resto de imputados del Caso Nóos, una vez la Audiencia provincial de las Islas Baleares ha rechazado aplicar a la hermana del rey Felipe VI la conocida como doctrina Botín, por la cual se puede archivar una causa cuando sólo hay acusación popular.
La Audiencia rechaza la aplicación de la doctrina Botín asegurando que los hechos concretos por los cuales Manos Limpias ejerce la acusación de delito fiscal como cooperadora también han sido introducidos en la causa por el resto de acusaciones, como la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Así, una vez resuelta esta cuestión, que fue el punto principal tratado en las vistas de los días 11 y 12 de enero, los interrogatorios empezarán el 9 de febrero con el inicio de las declaraciones de los acusados, que arrancará con el interrogatorio de José Luis Ballester Pepote, exdirector general de Deportes de Baleares. Más tarde lo harán, entre otros y por este orden, Jaume Matas, Marco Antonio Tejeiro, Ana María Tejeiro, Diego Torres, Iñaki Urdangarin y Miguel Tejeiro. La infanta Cristina, tal como estaba previsto, será interrogada por el juez el día 26 de febrero.
Decenas de testigos
Una vez finalizada la ronda de interrogatorios a los dieciocho acusados, empezarán las declaraciones de decenas de testigos, que tendrán lugar entre los meses de marzo a mayo. Algunos de los testigos citados son el exministro Rodrigo Rato, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, el exconsejero valenciano Esteban González Pons, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, el empresario valenciano Francisco Roig, la exconsejera de Salud de la Generalitat de Catalunya Marina Geli, el exalcalde de Madrid y exministro Alberto Ruiz Gallardón, y el exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetszky.Finalmente se abrirá turno a la declaración de peritos económicos, y en junio se acabará el juicio con las conclusiones e informes finales y el último turno de palabra para los acusados, con la previsión de dejar el caso visto para sentencia el 30 de junio. Ahora bien, la posibilidad de que algunos de los acusados lleguen a pactos por los cuales reconocerían los hechos podría acortar de forma notoria los plazos.