Críticas a García Ortiz por no defender a los fiscales del procés por las acusaciones de 'lawfare'

Un grupo de 18 fiscales del Tribunal Supremo han criticado a Álvaro García Ortiz por no defender a los fiscales del procés por las acusaciones de lawfare, ante las comisiones parlamentarias para investigarlo y el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts. Concretamente, han cargado contra el fiscal general del Estado por "ignorar deliberadamente" la petición de amparo institucional sobre las "injuriosas insinuaciones" de persecución política o guerra judicial contra el independentismo catalán.

En una carta de este martes, los fiscales firmantes de la sección penal del Supremo han mostrado su "decepción por la falta de voluntad" de García Ortiz de "salir al paso de las injuriosas insinuaciones" sobre la actuación de los fiscales Ismael Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, además de la fiscal Consuelo Madrigal, que "se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts" relativas al denominado lawfare. La misiva está firmada por 18 de los 26 fiscales de la mencionada sala y ninguno de ellos es uno de los cuatro fiscales del procés.

Amparo institucional y la respuesta de García Ortiz

Estos cuatro fiscales habían reclamado a García Ortiz que, "en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano", les concediera "amparo institucional" porque "junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público". En este sentido, incidieron en el hecho que la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el legislativo, no era "admisible en un Estado que se proclama democrático y de Derecho". Así, advirtieron que iniciativas como esta claramente demostraban "el intento de establecer un control político sobre el poder judicial".

El fiscal general del Estado respondió que se mantengan imparciales ante la amnistía: "Cualquier posicionamiento del ministerio público respecto de una futura ley de amnistía de los hechos que tuvieron lugar en Catalunya en relación con el procés independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento después de su publicación en el Boletín Oficial". La respuesta no ha gustado nada a estos 18 fiscales de la sala de lo penal del Supremo. "No ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el ministerio fiscal y la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés, para ellos y para los fiscales de Catalunya, ante los injustificados ataques a los cuales están siendo sometidos", han asegurado.