El día 5 de diciembre, el ministro Fernando Grande-Marlaska viajó hasta Barcelona para reunirse con el president Salvador Illa y la consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en el Palau de la Generalitat y escenificar varios acuerdos en el marco de la Junta de Seguridad. Una reunión plácida y descafeinada que dejó en un cajón uno de los acuerdos que desde Madrid ya se habían aceptado y que transfería las competencias de seguridad ciudadana, investigación criminal y orden público a los Mossos d'Esquadra en los puertos y también en los aeropuertos. El acuerdo ya estaba muy adelantado y se habría firmado entre el Ministerio de Interior y el Departament d'Interior en marzo o abril de 2024 si el president Pere Aragonès no hubiera convocado elecciones catalanas, después de haber sido incapaz de aprobar los presupuestos.
La convocatoria electoral hizo saltar por los aires la Junta de Seguridad entre Marlaska y el conseller Joan Ignasi Elena, y se dejó sin fecha hasta después de las elecciones de mayo. En agosto, el president Salvador Illa logró ser investido y pudo formar el Govern, con Núria Parlon, exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, asumiendo la cartera de Interior.
El acuerdo estaba atado e incluso el Ministerio de Interior había redactado un informe, firmado por un conocido funcionario del Estado, Juan Antonio Puigserver (controlador de la aplicación del 155, por cierto), que avalaba la cesión de competencias a los Mossos d'Esquadra, en Catalunya, y a la Ertzaintza, en el País Vasco. El PNB logró el traspaso con una Junta de Seguridad presidida por Marlaska y el lehendakari Imanol Pradales, y la policía vasca asumió el control de estas competencias en los aeropuertos y puertos vascos. Pero las informaciones que llegaban de la preparación de la reunión de la Junta de Seguridad del 5 de diciembre ya hacían prever que desde Catalunya se había pedido aplazar la firma del acuerdo y dejar en un cajón este traspaso de competencias que ya tenía el País Vasco, que el ministerio ya había avalado y aceptado, y que, a la vez, era una reivindicación de los partidos nacionalistas, en el camino por convertir, como dicta el Estatut, los Mossos d'Esquadra en una policía integral y nacional. Y así fue.
El acuerdo para transferir la seguridad ciudadana, la investigación criminal y el orden público en los puertos y aeropuertos a los Mossos no se cerró en la reunión de la Junta de Seguridad del 5 de diciembre y, en la rueda de prensa posterior, con el ministro Marlaska y la consellera Parlon, se aseguró que no había acuerdo. La titular de Interior, incluso, aseguró que aunque querían que los Mossos fueran policía integral, en estos momentos no se querían sacar agentes de la calle para cubrir otras competencias y que eso se haría más tarde. En la comparecencia de prensa, el ministro también vendió la integración de la Guardia Civil en el sistema del 112 como una "normalidad constitucional", y los dos responsables de Interior se comprometieron a hablar de un nuevo techo de plantilla para los Mossos de 25.000 agentes de cara a 2030. Pero este miércoles todo ha dado un giro de 180 grados. La cronología de la rectificación de Salvador Illa con las competencias de los Mossos.
El error de cálculo
En poco más de diez días todo ha cambiado. El president Salvador Illa se ha visto obligado a salir al Parlament de Catalunya, convocado por cuatro grupos (Junts, Esquerra, Comuns y CUP), para dar explicaciones sobre los acuerdos que su Govern cerró con el Ministerio de Interior en la Junta de Seguridad y aclarar, sobre todo, dos cosas. La primera, el papel de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el 112. Lo tenía fácil. Ya le había hecho el trabajo la consellera Parlon, que explicó que este acuerdo prevé un cambio en la forma en que los operadores del 112 avisarán a los cuerpos de seguridad españoles y que no habrá ningún cambio en las competencias que asumen actualmente los Mossos d'Esquadra. Si antes se hacía de forma telefónica, cuando el Estado logre que técnicamente sea posible, el envío de la información se hará de forma telemática. Se ahorrará tiempo y todos saldrán ganando. Poco más del 2% de las llamadas al 112 corresponden a temas que sean competencia de la Guardia Civil o la Policía Nacional.
Pero también ha tenido que mojarse con el no acuerdo en la Junta de Seguridad del 5 de diciembre. En ese momento, desde la dirección política de los Mossos d'Esquadra, ahora con Josep Lluís Trapero al frente, se convenció a la consellera Parlon de que no era necesario asumir, en estos momentos, estas competencias, haciendo que Interior renunciara al acuerdo que ya se había alcanzado durante el Govern anterior con el ministerio. Trapero siempre ha fruncido el ceño ante más competencias en puertos y aeropuertos y también con el despliegue de la Policía Marítima y la tecnificación de la Unidad de Drones, entre otras. El departamento compró la tesis del director general y cortocircuitaron el acuerdo, evitando que se pudiera firmar a principios de diciembre.
El ministro, así, también evitaba enfrentarse a la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ven la cesión como una concesión al nacionalismo, que algunos creyeron que ya no era necesario hacer ni a Junts ni a Esquerra. Y a ello hay que sumarle el error de cálculo de la dirección política de los Mossos, que pensó que bombardear un acuerdo de la antigua dirección política de Pere Ferrer y de la antigua Prefectura de Eduard Sallent no tendría costos políticos para la consellera Parlon ni para el president. Pero la tormenta política que generó esta retirada en competencias, que además ya habían sido pactadas, se ha alargado hasta hoy, con la comparecencia del president para rectificar, con el coste mediático que ello conlleva, y calculadora en mano, pensando en los presupuestos.
La rectificación de Illa tras las presiones de ERC y Junts
Desde la no aprobación del acuerdo, los partidos independentistas mayoritarios en el Parlament de Catalunya han gesticulado de cara al exterior y han presionado de cara al interior. Con el caso 112 —que Illa ha desmontado asegurando que era un acuerdo técnico y que ya se había pactado y preparado en Governs anteriores, de Junts y ERC—, pero sobre todo con la no cesión de las competencias a los Mossos. El president en el exilio, Carles Puigdemont, anunció la petición de una cuestión de confianza al presidente español Pedro Sánchez, para presionar, también, a Salvador Illa. A escala catalana, desde Esquerra, padres del acuerdo con el ministerio, también movieron palancas.
Según ha podido saber ElNacional.cat, la nueva dirección de Esquerra, ahora liderada por Oriol Junqueras, después de la segunda vuelta del pasado sábado, comunicó al PSC que los acuerdos de la Junta de Seguridad eran un agravio y exigió el cumplimiento de los compromisos adquiridos con ellos. Para desplegar el autogobierno y seguir construyendo una policía integral, en primer término, y también para poder mantener la credibilidad de los socialistas en futuros y posibles pactos con el Govern de Salvador Illa. Y el president hoy ha rectificado. Para sorpresa de todos, incluso de los diputados de Junts y Esquerra, que no lo esperaban, y que han visto cómo el discurso que llevaban escrito quedaba en papel mojado, si bien, en el primer turno de réplica al Molt Honorable, ni Mònica Sales ni Marta Vilalta han modificado ni una coma. El president ha anunciado que a principios de 2025 se volverá a convocar una reunión con el ministro Marlaska para volver a celebrar una Junta de Seguridad para firmar el acuerdo y revertir la retirada del pasado 5 de diciembre.
¿Qué pactará ahora Parlon con Marlaska?
El acuerdo literal que firmarán el ministro Marlaska y el Govern de Salvador Illa todavía no está redactado. Aunque el president ha asegurado que la reunión será a principios del próximo año, aún no se puede saber cómo se afrontará el cumplimiento del acuerdo y si, como apuntan algunas fuentes, podría firmarse con una carencia en su aplicación a unos meses vista, pero ya con la transferencia firmada y detallada de forma bilateral con el ministerio español. Habrá que ver su literalidad, pero el acuerdo que estaba previsto contemplaba, como se ha explicado y cuyos detalles había adelantado ElNacional.cat, que los Mossos d'Esquadra asumieran la seguridad ciudadana, la investigación criminal y el orden público en todo el aeropuerto, también en la zona de pistas, y también en los puertos y en las aguas territoriales.
Cualquier incidente de orden público, como la ocupación de las pistas, por ejemplo, pasaría a ser competencia de los Mossos, teniendo en cuenta que el aeropuerto de Barcelona, en el caso concreto, está situado en El Prat de Llobregat, donde la policía catalana tiene las competencias como policía integral. También actuarían los Mossos en posibles delitos contra la libertad sexual en una zona interior del aeropuerto de El Prat o si es necesario patrullar para evitar robos, o investigarlos, en la zona de recepción de maletas. El acuerdo, evidentemente, reserva a la Policía Nacional y a la Guardia Civil las competencias que tienen en exclusividad, ya sea el control de documentación e inmigración ilegal o la vigilancia fiscal de las fronteras, que no asumirán en ningún caso, por ahora, los Mossos d'Esquadra.
La retirada del 5 de diciembre fue vista desde los Mossos d'Esquadra, según varios de los comandantes con los que habló ElNacional.cat, como un paso atrás en el despliegue de las competencias integrales y una falta de proyecto nacional. Incluso lo enmarcaron en una agenda clara del director general, Josep Lluís Trapero, para desbaratar el acuerdo que había conseguido el Govern anterior y la dirección política que le precedió. Hoy, después del cambio de rumbo, los partidos de la oposición han sacado pecho, también los Comuns y la CUP, y le han recordado a Illa que gobierna en minoría y que los errores de cálculo político le pueden salir muy caros.