Josep Borrell llegó al Ministerio de Exteriores con una idea entre ceja y ceja: combatir al independentismo en la escena internacional. Así de claro se mostraba se mostraba poco después de jurar el cargo, en una entrevista con cinco de los principales diarios europeos. Su obsesión, explicaba, era revertir "el daño ocasionado a la imagen de España" por parte del soberanismo, acabar con la "leyenda negra" que según él estaba haciéndose sitio en determinados sectores de la opinión pública internacional.

La elección de Borrell para la cartera de Exteriores ya fue sintomática; ya hacía presagiar lo que acabaría pasando. Hombre de fuertes convicciones antiindependentistas --uno de sus libros más recientes es Las cuentas y los cuentos de la independencia (2015)--, decidió deshacer su retirada de la política justamente por el procés. Siempre luciendo sus tres años como presidente del Parlamento Europeo (2004-2007), se convirtió en una de las estrellas de las manifestaciones masivas de Societat Civil Catalana. Desde allí defendió la aplicación del 155 y exigió "que se haga justicia" con los dirigentes independentistas.

El panorama que se ha encontrado Borrell es sin duda más complicado que el del anterior gobierno español. Ya en el Ministerio, Alemania y Bélgica decidieron tumbar las extradiciones por rebelión contra los dirigentes independentistas, hecho que llevó al juez Pablo Llarena a retirar las euroórdenes para todos los exiliados. Ante este escenario, ha redoblado la ofensiva del PP. Las mismas armas, pero con más munición.

Vetos, ruptura de relaciones... Borrell ha redoblado la ofensiva del PP, con las mismas armas, pero con más munición.

Sin ir más lejos, desde Bruselas mismo, el ministro de Exteriores exigió a Bélgica que defendiera a Llarena ante la demanda que habían presentado Carles Puigdemont y el Govern en el exilio. Las autoridades belgas no accedieron a la petición española.

Esta misma semana, Borrell ha hecho una exhibición de sus armas. El martes, de manera inédita, retiraba el status diplomático al delegado del gobierno de Flandes en el Estado español e informaba que no acreditaría a sus sucesores. El motivo eran las declaraciones del presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, quien decía que los presos políticos hacían de España "incapaz de cumplir las condiciones para formar parte de una Europa democrática". Antes Borrell ya había llamado a consultas al embajador belga.

Al día siguiente, el miércoles, las presiones del ministro conseguían el cese del cónsul honorario de Grecia en Barcelona, Fernando Turró, por "agravios a la bandera del Estado español". El motivo era su participación en un acto con Carles Puigdemont en diciembre de 2017 y su asistencia a la última manifestación de la Diada con una camiseta de la ANC. Esta no es una práctica nueva: el gobierno de Rajoy ya consiguió el cese de los cónsules de Letonia, Filipinas y Finlandia.

Y el jueves, las presiones de la embajada española en Bélgica impedían un acto del conseller Lluís Puig, que inauguraba la exposición Export BCN - Import WBA, organizada por la Facultad de Arquitectura La Cambre Horta - Université Libre de Bruxelles. Y eso que en este momento Puig ostenta un cargo público: director del programa de la Generalitat para la internacionalización de la cultura catalana.

Pero los vetos no han tenido lugar sólo en el extranjero, sino que también en casa. El pasado 8 de octubre, el ministro Borrell explicó que no había invitado al president Quim Torra al foro de la Unión por el Mediterráneo, que se celebraba aquel día en Barcelona, para "no darle un escenario apropiado para que siguiera vilipendiando el buen nombre de España y para que no distorsionara esta reunión y la convirtiera en una cosa diferente de lo que tiene que ser".

El ministro también ha recurrido la reapertura de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, cerradas por el 155, argumentando que el Govern ha incumplido la ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, al no comunicar previamente al gobierno de Sánchez su intención de crear delegaciones en el exterior.

Foto: ACN

Todo el equipo de Dastis, asimilado

Como siempre que hay un cambio de gobierno, hay movimientos en las embajadas. Desde que llegó al Ministerio hasta hoy, según los datos que constan en el BOE, ha habido 74 ceses de embajadores, de los casi 200 países donde España tiene representación. Se han producido ceses en quince países europeos (sin incluir Rusia), además de ante las instituciones internacionales, como el representante permanente de España ante el Consejo de Europa.

El pasado agosto, Borrell aseguró que los relevos habían sido "menos extensos y expeditivos" que en otros cambios de administración, y justificaba que en algunos casos se trataba de embajadas "de especial relevancia política para el nuevo gobierno". A pesar del elevado número de cambios, el ministro ha apostado por el continuismo con el anterior gobierno. Sin ir más lejos, todo el equipo de Exteriores de Rajoy ha sido colocado en embajadas.

Algunos de ellos en lugares clave, como la embajada española en Bélgica, uno de los frentes de batalla del Estado español. Desde el pasado 14 de septiembre, la embajadora en la capital europea es Beatriz Larrotcha, antes subsecretaria de Exteriores, número dos del ministro Alfonso Dastis. Larrotcha fue la encargada de viajar a Barcelona el 31 de octubre del 2017 para justificar ante el cuerpo diplomático establecido en Barcelona la aplicación del artículo 155. Desde su posición, también fue ella quien puso en marcha los aspectos administrativos del cierre de las delegaciones de la Generalitat en el exterior.

La responsable de poner en marcha el cierre de las delegaciones catalanas en el exterior fue rescatada por Borrell como embajadora en Bélgica.

Por su parte, el marido de Larrotcha, Bernardo de Sicart, que en los últimos años ha sido director del Departamento de Asuntos Internacionales en el gabinete de la Presidencia de Rajoy --de quien también fue su jefe de protocolo--, ha sido situado en la embajada en Luxemburgo.

Los tres secretarios de Estado con Dastis también han sido colocados o están esperando destino. Ildefonso Castro, que ocupaba la secretaría de Estado de Exteriores, es el nuevo embajador en Irlanda, país donde ya fue diplomático. El exsecretario de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, ha ocupado la vacante de la embajada de Brasil. Borell también le está buscando un sitio a Jorge Toledo, anterior secretario de Estado de Asuntos Europeos.

Incluso el exministro Alfonso Dastis ha sido enviado a Roma como embajador ante la República Italiana. Era el destino que quería reclamar cuando estaba al frente de la Representación Permanente ante la UE, pero entonces fue nombrado titular de Exteriores en sustitución de José Manuel García Margallo.

Más allá del anterior equipo de Exteriores, también ha habido movimientos relevantes. A Washington ha ido Santiago Cabanas, que fue director del gabinete del ministro de Exteriores durante la presidencia de José María Aznar y director general de política exterior y asuntos multilaterales, globales y de seguridad, con Rajoy. José María Robles Fraga, sobrino de Manuel Fraga y exdiputado del PP, es el nuevo embajador en Finlandia, diez años después de su cese como embajador en Pakistán. El escogido para la representación permanente ante la ONU y los organismos internacionales con sede en Viena es el catalán Senén Florensa, secretario de Exteriores del Govern de Artur Mas y muy próximo a la antigua Unió Democràtica.

Foto: EFE

De la 'comisión Montserrat' a UPyD

El combate del relato del independentismo en el exterior se ha ido convirtiendo en una prioridad de la Moncloa desde que el procés ha ido avanzando y poniendo al Estado español contra las cuerdas. El ministro Margallo ya creó la bautizada como "comisión Monserrat", que tenía como objetivo contrarrestar la acción exterior de la Generalitat. En una entrevista a El Nacional en septiembre del 2017, el mismo Margallo confirmaba su existencia.

Según explicaba el ministro, esta comisión, integrada por políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil, "se reunió todos los viernes desde el 2011 para ir analizando la cuestión catalana, fundamentalmente en sus aspectos de proyección exterior, y construyó un relato que se colgó en la página web del Ministerio y se hizo llegar a todas las embajadas y consulados". Justificaba que "ante el relato separatista que la Generalitat difundía fuera hubiera un relato que explicara las razones de España".

Siete años después, este mismo octubre, el ministro Borrell ha creado la llamada Secretaría de Estado de la España Global, que pasa a sustituir al cuestionado Alto Comisionado de la Marca España. El empresario y alto comisionado Carlos Espinosa de los Monteros ya ha sido cesado. El objetivo de la nueva secretariado de Estado es el mismo: en palabras de Borrell, "presentar España como lo que es, una full democracy". Según el decreto del BOE, "adoptar las medidas para la mejora de la imagen exterior de España" y el impulso de acción exterior española pública y privada "encaminada a la promoción de dicha imagen". El foco de acción pasa de la economía a la política.

La escogida para contrarrestar el relato internacional del independentismo es una exdiputada de UPyD crítica con las delegaciones en el exterior y la oficialidad del catalán en instituciones europeas.

La escogida como secretaria de Estado ha sido la escritora y exdiputada de UPyD Irene Lozano, que en las elecciones españolas del 2015 fue en las listas del PSOE. En aquella etapa, incluso antes del 9-N, ya decía que en Catalunya había "cosas que justificarían la utilización del artículo 155".

También en aquella etapa, y sobre el ámbito que ahora dirige, Lozano cuestionaba las delegaciones en el exterior de todas las comunidades autónomas, porque "las comunidades no pueden representar al Estado español", no puede haber "17 voces". Sobre las delegaciones catalanas, que llamaba embajaditas, dijo que "sirven en generalla construcción nacionalista, para sostener a una élite, una oligarquía regional con las cuales reafirma su poder y crea una red clientelar".

En una pregunta escrita dirigida al gobierno español, Lozano también cuestionaba la utilidad del uso de las lenguas cooficiales del Estado español en instituciones europeas, por el coste de las traducciones. La Moncloa le respondió que no tenía ningún coste adicional.